Gaiak
Democratizar los cuidados en un contexto de crisis y un modelo en transición: oportunidades y tensiones
Doctora en Sociología por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
El incremento de la demanda de cuidados de larga duración, debido a los cambios sociodemográficos y el aumento de la población en situación de dependencia, plantea un conjunto de retos para las políticas sociales. El envejecimiento de la población no constituye un problema en sí mismo, sino que es el resultado de mejoras sostenidas en las condiciones de vida, la salud pública y el bienestar material. El reto no reside en el cambio demográfico, sino en la capacidad de las estructuras sociales e institucionales para adaptarse a una nueva pirámide poblacional reorganizando de forma equitativa y justa la provisión de cuidados que dicho escenario demanda.
En este contexto, dicha reorganización de los cuidados se convierte en un desafío sin precedentes y entra a formar parte de la agenda política. Ante esta situación de transición del actual del modelo, uno de los debates que surge a la hora de repensar su provisión gira en torno a la desinstitucionalización y democratización de los cuidados. Por un lado, la desinstitucionalización plantea una nueva cultura de los cuidados basada en la atención centrada en la persona que tenga en cuenta sus necesidades y preferencias, junto a la priorización del entorno domiciliar y comunitario siempre que sea posible. Se trata de una propuesta que no excluye los recursos residenciales, sino que promueve su reorientación para acercarlos más a la vida cotidiana de las personas atendidas. Por otra parte, la democratización de los cuidados apela a su acceso universal y justicia social para plantear tanto la redistribución de responsabilidades y de recursos, como el reconocimiento social de los cuidados, un trabajo fuertemente invisibilizado y feminizado.
En el ámbito de las políticas públicas, este giro se concreta en el paradigma de la desinstitucionalización, impulsado tanto desde instancias europeas, bajo el marco de la Estrategia Europea de Cuidados (European Commission, 2022), como desde el Estado español, a través de la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en comunidad (Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, 2024).
Repensar los cuidados desde la proximidad, la comunidad y la justicia social:
retos y oportunidades ante el cambio demográfico y el envejecimiento de la población.
En el ámbito de la práctica, en algunos territorios, su desarrollo ha supuesto el impulso de iniciativas público-comunitarias de innovación social que nacen con vocación de ir más allá de la inercia asistencial o mercantilizadora predominante. Buscan avanzar hacia un modelo más justo y equitativo, capaz de responder a las limitaciones de los sistemas de provisión actuales y frenar el aumento de las desigualdades. Se trata de superar modelos centrados exclusivamente en la familia o en la institucionalización de los cuidados A grandes rasgos, aspiran a socializar las responsabilidades de cuidados mediante la mejora de la calidad de vida de las persones, la calidad de los servicios y las condiciones laborales. Para ello, su diseño se fundamenta en la lógica de la innovación social y la acción comunitaria, así como en el modelo de atención centrada en la persona, tanto en centros asistenciales como en el hogar. Además, ponen en valor la dimensión territorial y su potencial de proximidad a la ciudadanía situando la administración local como el nivel de gobierno más influyente en la vida cotidiana de la ciudadanía.
Para ello, se busca articular la acción de las instituciones públicas con la implicación del entorno comunitario favoreciendo el desarrollo y la consolidación de experiencias público-comunitarias a escala local. En Euskadi, un ejemplo destacado son los Ecosistemas Locales de Cuidados, impulsados principalmente por la Diputación Foral de Gipuzkoa y en proceso de extensión a otros Territorios Históricos. Se trata de iniciativas que buscan coordinar agentes y servicios diversos (sociales, sanitarios, comunitarios y familiares) para ofrecer cuidados de proximidad, personalizados y con un enfoque preventivo que no se limita a las situaciones de dependencia. En Catalunya, destacan experiencias como Radars, Vincles, VilaVeïna o las Superillas Sociales, promovidas desde el Ayuntamiento de Barcelona, que parten de una lógica de derechos sociales y acción comunitaria, con una atención específica a las personas mayores y a las desigualdades de género.
Los estudios y las evaluaciones realizadas sobre los proyectos desarrolladas en el contexto vasco y catalán muestran que el enfoque público-comunitario puede contribuir a mitigar, al menos parcialmente, algunos de los desajustes identificados en la organización social de los cuidados. En términos de oportunidad, se constata el potencial transformador de las iniciativas público-comunitarias a nivel local. La proximidad cotidiana facilita el impulso de modelos que se adecúan mejor a las necesidades de las personas cuidadoras y cuidadas, al ofrecer respuestas más coordinadas y ajustadas a las situaciones concretas. Las personas usuarias y sus familias valoran positivamente los cuidados recibidos al percibir que cubren sus necesidades de forma accesibles y segura.
No obstante, avanzar hacia modelos de cuidado basados en lo comunitario no está exento de tensiones. Sin una presencia pública sólida y sin garantías de derechos, las iniciativas comunitarias corren el riesgo de reproducir desigualdades preexistentes (especialmente en términos de género, clase social, edad y origen) o de desplazar responsabilidades desde el Estado hacia la comunidad. Las experiencias analizadas ponen de manifiesto el riesgo de reproducir desigualdades de género en la medida en que las mujeres aparecen más activas en el ámbito de los cuidados comunitarios en comparación a los hombres. Ello implica, además, reforzar el carácter feminizado de la obligación moral de los cuidados y, en última instancia, enfatizar el voluntariado y la responsabilidad de las mujeres dentro de las familias. En consecuencia, se identifica el riesgo de perpetuar la precariedad laboral en el sector de los cuidados de larga duración al considerar que se trata de una actividad que se puede desarrollar de manera voluntaria, sin reciprocidad, así como por el simple hecho de ser mujer. Ambos aspectos contribuyen a la falta de reconocimiento social de las competencias y habilidades que requiere el trabajo de cuidados y, con ella, a su subestimación laboral y precariedad estructural.
Finalmente, desde una perspectiva integral, emerge la tensión entre el derecho a recibir cuidados, el derecho a cuidar con dignidad y el derecho a no cuidar. Es decir, la contraposición entre preferencias individuales, derechos laborales y proyectos vitales. Por ejemplo, el caso de una madre que quiere ser cuidada por su hija, quien debería renunciar a su carrera profesional para atenderla con el soporte informal de una mujer migrante no regularizada.
