792 Zenbakia 2026-02-04 / 2026-04-10

Gaiak

El envejecimiento de la población y la creciente dependencia, unidas a la reducción de los apoyos familiares tradicionales, dificulta el deseo de la mayoría de la población de envejecer y morir en su hogar. Sin embargo, existen alternativas y estrategias para mantener la independencia y retrasar o evitar la necesidad de una residencia de mayores: adaptaciones en el hogar, los servicios de atención domiciliaria, centros de día y respiro familiar. Las nuevas tecnologías (domótica, robótica e Inteligencia Artificial) y teleasistencia, la formación y apoyo a familias, el seguimiento médico preventivo constante, el control adecuado de medicamentos, la actividad física y mental, y el contacto social.

El ingreso en una residencia suele hacerse necesario cuando la permanencia en el domicilio resulta insegura o inviable: caídas frecuentes, deterioro cognitivo severo, pérdida de autonomía en las actividades básicas, incontinencia grave, movilidad muy reducida, necesidad de supervisión permanente, enfermedades complejas o la ausencia de una red de apoyo familiar y social.

Las residencias para personas mayores ofrecen un hogar permanente o temporal a quienes, por su grado de dependencia, no pueden ser atendidos en su entorno. Garantizan cuidados integrales y continuos con el fin de preservar la autonomía, facilitar la vida diaria y favorecer la convivencia social. Vivir en una residencia aporta seguridad y cuidados profesionales, pero también supone renunciar al hogar propio, a las rutinas personales y a cierta libertad cotidiana. Para muchos residentes, las visitas familiares se convierten en el mejor remedio frente a la soledad y la nostalgia.

Historia de las residencias

Los orígenes de las residencias para mayores se remontan a los siglos XVI al XIX, cuando predominaba el modelo de beneficencia. Las Casas de Misericordia, impulsadas por instituciones religiosas y de caridad, y los asilos de pobres, que mezclaban ancianos, enfermos mentales e indigentes, cumplían más una función de control social que de cuidado. No en vano, la expresión “acabarás en el asilo” se utilizaba como amenaza.

En la primera mitad del siglo XX, con la secularización progresiva, el Estado comenzó a asumir responsabilidades y se produjo una especialización incipiente al separar a los ancianos de otros colectivos. Surgió entonces el modelo asilar, caracterizado por grandes instituciones de enfoque custodial y cuidados muy básicos centrados en alojamiento y alimentación.

Durante la segunda mitad del siglo XX, el Estado del Bienestar reconoció los cuidados como un derecho social. Se introdujo personal especializado, mejoraron las condiciones con estándares mínimos de habitabilidad y se produjo una gran expansión del número de plazas disponibles.

Entre 1980 y el año 2000 se vivió un cambio de paradigma: la beneficencia dio paso al reconocimiento constitucional de derechos, el modelo médico-asistencial incorporó servicios sanitarios, la arquitectura eliminó los dormitorios comunes y la regulación estableció estándares de calidad obligatorios.

Ya en el siglo XXI, el modelo se orienta hacia la atención centrada en la persona. Se han impulsado procesos de desinstitucionalización con centros más pequeños y hogareños, la creación de unidades convivenciales de carácter familiar y la integración sociosanitaria. Al mismo tiempo, han surgido nuevos modelos como el cohousing y las viviendas intergeneracionales, más adecuados para personas autónomas o con dependencia leve.

Normativas:

• 1982: Ley de Servicios Sociales del País Vasco
• 1990 se aprobó el Decreto 218/1990 del País Vasco sobre los Servicios Sociales Residenciales para la Tercera Edad, la primera normativa autonómica que establecía estándares modernos de calidad y promovía la eliminación progresiva del concepto de “asilo”. Introdujo medidas como el límite de un máximo de dos personas por habitación, la eliminación de los dormitorios colectivos, la fijación de una superficie mínima por plaza, la obligación de suprimir las barreras arquitectónicas, la exigencia de ratios mínimos de personal especializado y la implantación de servicios obligatorios de carácter sanitario, social y de animación. Este decreto fue clave para transformar las mil camas que aún se encontraban en habitaciones de tres o más personas, para establecer el marco legal que permitió el cierre de los macrocentros y para definir el modelo de “unidades convivenciales”.
• 1994. Con fecha 12 de mayo de 1994, la Comisión de Trabajo y     Sanidad del Parlamento Vasco estableció las directrices del Plan         Gerontológico de Euskadi. Entre ellas destacó el principio de permanencia en el entorno familiar y comunitario habitual, así como    el criterio de subsidiariedad, que reservaba el internamiento en         residencias únicamente como último recurso y cuando existiera una       “severa discapacidad” en las personas usuarias.
• 1998: DECRETO 41/1998, de 10 de marzo, La experiencia acumulada durante el período de vigencia del Decreto 218/1990, de 30 de julio, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad, aconseja sustituirlo inmediatamente, para superar sus deficiencias.
• 2006: Ley de Dependencia (Estatal) 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia), considerada el cuarto pilar del Estado del Bienestar junto a la sanidad, la educación y las pensiones. Supuso el reconocimiento de un derecho subjetivo, es decir, un derecho exigible a recibir cuidados, e incorporó un sistema de valoración de la dependencia. Estableció una cartera de servicios con prestaciones económicas y en especie, tuvo un fuerte impacto en las residencias y definió un modelo de financiación basado en el copago entre Estado, comunidades autónomas y usuarios según el grado de dependencia. También fijó estándares mínimos de calidad obligatorios en toda España, introdujo criterios objetivos de admisión y reforzó la profesionalización del sector mediante mayores exigencias de cualificación del personal.
• 2012: Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, “de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad” introdujo importantes recortes en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Entre ellos se incluyeron la modificación del baremo de valoración, el aplazamiento del Grado I, la reducción de las prestaciones económicas, el aumento del copago en los servicios sociales residenciales para la tercera edad y el recorte en la financiación estatal. Estas medidas supusieron un retroceso significativo en los derechos sociales establecidos por la Ley de Dependencia de 2006.
• 2017: Reversión parcial y mejoras

El diagnóstico del Ararteko (1994)

En 1994, cuando existían 8.890 plazas residenciales (3,34% de las personas mayores de 65 años), el Ararteko Juan San Martín presentó ante el Parlamento Vasco un informe sobre la situación de los derechos de los ancianos en las residencias vascas que estableció las bases para importantes reformas posteriores.

Sus principales conclusiones identificaron deficiencias estructurales importantes, problemas graves en las habitaciones (15% de ancianos compartía habitación con al menos otras dos personas, 6% en salas de cuatro y más camas), necesidad urgente de mejora en ratios de personal, carencias en coordinación sociosanitaria, vulneraciones de derechos básicos como intimidad y libre elección, falta de protocolos de calidad y necesidad de un enfoque centrado en la persona.

Principales transformaciones desde 1994 a 2025 en Euskadi

Crecimiento: De 8.890 ha pasado a 22.072 plazas, mientras las personas mayores de 65 años pasaron de 266.167 a 530.550. Un ratio de 4,16 camas por cada 100 mayores de 65 años y 13,56 por cada 100 mayores de 80 años. Tiene un déficit de 6.634 plazas residenciales para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años.

Cambio de titularidad: Cambio de un sistema principalmente público 48% donde solo el 10% era privado a un modelo mixto colaborativo donde en los 383 centros geriátricos el 43,3% de las plazas las gestiona el sector privado, 22,3% el del Tercer Sector, 15,2% por entidades municipales, 10,7% por la administración autonómica y 10,2 % bajo fórmulas de concesión.

Modelo arquitectónico: De macrocentros con habitaciones múltiples a unidades convivenciales.

Enfoque asistencial: De modelo "asilar" a atención centrada en la persona.

Modelo Bizkaia: Grupos de máximo 25 residentes con cuidadores fijos (35% de residencias forales para 2026)
De Modelo Residencial a Ecosistema de Cuidados: La comparación más impactante muestra cómo se han resuelto las vulneraciones sistemáticas de derechos identificadas en 1994: eliminación progresiva de habitaciones múltiples (intimidad), protocolos que garantizan la participación del residente (libre elección), profesionalización y protocolos específicos (dignidad), y conversión del problema más grave —la descoordinación sociosanitaria— en una fortaleza del sistema con la integración de servicios.

Situación Actual en Gipuzkoa: Según la Memoria 2024 de la Diputación de Gipuzkoa el total de plazas ofertadas en los centros residenciales para personas mayores es de 5.322, de las cuales 4.658 son de financiación foral. La tasa de plazas por cada 100 habitantes de 65 y más años es de solo 3,18 %, lejos del 5 % recomendado a nivel internacional. La cifra refleja el déficit existente, como demuestran las 995 personas en las listas de espera al 31-12, un 15% más que a la misma fecha de 2023.Y el tiempo medio transcurrido entre la solicitud y el acceso al servicio durante 2024 ha sido de 143,53 días.

La edad media de las 1.606 personas que han causado alta se ha situado en 85,2 años. La edad media de las 1.498 personas que han causado baja se ha situado en 88,2 años. La duración media de las estancias de las personas que han causado baja por fallecimiento es de 3,57 años. 

Esperando la última residencia

El déficit de plazas en residencias para mayores y sus interminables listas de espera es ya una urgencia social. Este futuro nos concierne a todos. Es necesario exigir más residencias y plazas públicas para reducir la espera y asegurar un acceso digno. También resulta imprescindible mejorar las condiciones en los centros existentes, con más privacidad, habitaciones individuales y unidades convivenciales más humanas, que ofrezcan ambientes hogareños, confortables, seguros y accesibles. Todo ello debe facilitar la vida cotidiana de las personas residentes, integrando sus preferencias, costumbres y actividades significativas, y apoyando sus proyectos de vida. Del mismo modo, urge profesionalizar y estabilizar al personal, garantizando buenos ratios y formación continua, así como fomentar la participación comunitaria, involucrando a familias, residentes y organizaciones locales en la planificación. Finalmente, votar pensando en el mañana y apoyar a las organizaciones de mayores es clave, porque cualquiera de nosotros puede necesitar una plaza tras escuchar a sus familiares decir: “Es lo mejor para tu bienestar. Estarás cuidado y acompañado. Te visitaremos constantemente.”

La evolución de las residencias de mayores en Euskadi muestra el camino recorrido desde la exclusión social hacia la inclusión, del modelo asilar al modelo hogareño, y de la beneficencia discrecional al derecho exigible. Sin embargo, los desafíos actuales requieren una respuesta urgente y comprometida de toda la sociedad.