
Gaiak
Criterios para la gestión sostenible de las infraestructuras
ASPURU, Itziar GARCÍA, Gemma SANTA COLOMA, Oscar URZELAI, Arantzazu
Hablar de sostenibilidad es fácil. Es un concepto aceptado de forma mayoritaria por la sociedad (al igual que la libertad, la igualdad, etc.) y por ello no vamos a formular ninguna definición de un término que todos conocemos. Lo que no resulta tan fácil es hablar de la implementación de los principios de la sostenibilidad en nuestra sociedad, en todos sus ámbitos y escalas, desde la política y la planificación a las opciones individuales. Porque es en esa materialización cuando surgen los conflictos, conflictos de intereses resultantes del hecho de que todas las opciones presentan ventajas e inconvenientes, que están determinados, en primer lugar, por las características intrínsecas de la opción, pero que se concretan (intensifican o minimizan) en relación al contexto social, económico, ambiental y territorial particular.
Por tanto, la puesta en práctica de la sostenibilidad requiere por un lado desarrollar, a través de la investigación científico-técnica y el benchmarking en las disciplinas implicadas, una “base de conocimiento” que nos permita evaluar objetivamente las diferentes alternativas, desde un enfoque integral que incorpore las relaciones entre los tres componentes de la sostenibilidad. Se trata de un ámbito de conocimiento multi- e interdisciplinar actualmente inmerso en un proceso de desarrollo y profundización metodológica. Y por otro lado, requiere definir las particularidades del contexto. Es decir, definir el modelo social, económico, ecológico-ambiental y territorial en el que se va a aplicar dicha evaluación, a partir de la elaboración de una visión compartida de país en clave de sostenibilidad mediante la participación de todos los agentes y de la ciudadanía. Esta visión establecería los criterios generales para la gestión sostenible del territorio, que posteriormente se traducirían en los diferentes planes, programas, etc., así como los compromisos para contribuir desde la gestión local a la sostenibilidad global del planeta. Foto: Daniel T. Yara (dantada4@yahoo.com)
Y centrándonos en el tema de las infraestructuras, nos planteamos en primer lugar acotar el alcance del término. Obviamente incluye las infraestructuras de transporte (terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, en su caso), e igualmente las infraestructuras asociadas a la gestión de los recursos hídricos (almacenamiento y abastecimiento de agua, producción de energía hidráulica, prevención de inundaciones), al tratamiento y gestión de residuos (aguas residuales, residuos urbanos, residuos industriales), a la generación de energía, a la actividad industrial o las asociadas a los asentamientos urbanos. Se trata en todos los casos de funciones necesarias para nuestra forma de vida en cuanto que son la base de la provisión de una serie de “bienes y servicios” absolutamente necesarios. Pero desde la perspectiva de la sostenibilidad surgen una serie de cuestiones totalmente interrelacionadas, que tienen que ver con el hecho de que el impacto directo del desarrollo de las infraestructuras es la eliminación o modificación substancial de los ecosistemas a través de la artificialización del suelo, de los cauces fluviales y de la franja costera, además de otros efectos indirectos como la fragmentación de los hábitats asociados, o la perturbación de la dinámica de los ecosistemas a escalas espaciales superiores como la de cuenca o paisaje. Teniendo en cuenta que los ecosistemas (naturales o manejados) son también proveedores de una serie de bienes/servicios esenciales para la sociedad (ver cuadro 1), la construcción de infraestructuras implica en sentido estricto la maximización de unas funciones y la consiguiente pérdida en la prestación de otras funciones. Por tanto, las cuestiones que debemos plantearnos son:
. ¿Debe incrementarse la oferta de las infraestructuras para dar respuesta a una demanda “creciente” de estos bienes/servicios o debe gestionarse la demanda de forma que no crezca, como clave de la planificación de las infraestructuras?
. ¿Son las infraestructuras más eficientes en la provisión de estos bienes y servicios que los propios sistemas naturales adecuadamente manejados?
. ¿Cuáles son los bienes/servicios que dejamos de percibir como resultado del desarrollo de las infraestructuras y cuál es la valoración de estos bienes? Estos bienes que dejamos de percibir, ¿pueden ser suplidos por la tecnología? y ¿a qué precio? O por otro lado, ¿pueden existir mecanismos de compensación entre unas áreas y otras? y ¿cuáles son los umbrales mínimos?
. ¿Cómo conseguir una mayor integración en la oferta de todos los “bienes y servicios” necesarios de forma que las contraprestaciones se minimicen y prevalezcan las soluciones “win-win”? Cuadro 1: Funciones de los ecosistemas.
Se trata de cuestiones que se vienen abordando desde hace algunos años y que se han ido plasmando en diversos documentos y normativa tanto a nivel comunitario como de la CAPV. Sin la pretensión de realizar una revisión exhaustiva de los mismos, se han seleccionado algunos de estos documentos que permiten enmarcar los retos y criterios generales aplicables a la gestión de las infraestructuras en algunos de los sectores.
En el sector de transporte, el documento “Política europea de transporte 2010: tiempo de decidir” menciona como principales retos del sector: la desvinculación del crecimiento económico del sector transporte, la coordinación de las políticas sectoriales, la mejora de la movilidad sin incurrir en un incremento de los impactos globales, la equidad en la accesibilidad a los medios de transporte, la reducción del impacto ambiental del sector (consumo de energía y recursos incluido el suelo, emisión de contaminantes y ruido, fragmentación de ecosistemas, impactos sobre el paisaje), reducción de la siniestralidad y reducción del uso del vehículo privado.
En lo que respecta al planeamiento urbano la “Estrategia temática sobre el medio ambiente urbano” adoptada el 11/01/2006 materializa el compromiso de la Comisión Europea de intensificar la contribución de la política medioambiental al desarrollo sostenible de las zonas urbanas, a través de medidas centradas en cuatro temas transversales fundamentales: la construcción ecoeficiente, el transporte sostenible, la gestión urbana basada en estrategias, infraestructuras y servicios medioambientalmente positivos, y un planeamiento de los usos del suelo favorecedor de una estructura de “ciudad compacta” y una distribución sostenible de asentamientos. En el mismo sentido, la Estrategia Territorial Europea (ESDP), incide en el objetivo de lograr un desarrollo equilibrado y sostenible y la reconciliación a nivel regional de las demandas sociales y económicas de los usos del suelo con sus funciones ecológicas y culturales.
En coherencia con lo mencionado en los documentos anteriores, la necesidad de reducir la pérdida de suelo por sellado/artificialización asociada al incremento de las infraestructuras de transporte y al desarrollo urbano se recoge específicamente en el documento “Hacia una estrategia temática para la protección del suelo” así como en la recientemente adoptada “Estrategia temática para el uso sostenible de los recursos naturales”, focalizada en la ecoeficiencia y uso sostenible de los recursos naturales (materias primas, energía, agua, suelo y otros recursos) con el objetivo de disociar el crecimiento económico de los impactos ambientales asociados a su uso.
La necesidad de proteger la biodiversidad y evitar la fragmentación de los ecosistemas está recogida en la Estrategia Europea para la Biodiversidad y en el compromiso adquirido en la Cumbre de Gothenburg (2001) de “Detener la pérdida de biodiversidad para el año 2010”. La conferencia de Malahide (2004) refuerza dicho compromiso estableciendo una serie de objetivos y prioridades claras para su implementación efectiva en los diferentes sectores. Así, en relación al desarrollo de las infraestructuras de transporte y energía establece el objetivo de asegurar un adecuado tratamiento de las cuestiones relacionadas con la biodiversidad en las evaluaciones medioambientales relacionadas con los planes, programas y proyectos para prevenir, minimizar y mitigar los impactos negativos y optimizar los efectos positivos.
Por último, la coordinación institucional y sectorial y la mejora de las oportunidades para la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, es un objetivo clave para la sostenibilidad. En este sentido merece destacar el papel de la Directiva sobre Gestión Medioambiental Estratégica (2001/42/CE) que establece la obligatoriedad de evaluar los efectos medioambientales de planes y programas con incidencia en el territorio y pone especial énfasis en garantizar: la transparencia de los procedimientos, el acceso a información exhaustiva y fidedigna, y la participación de todos los agentes tanto de las autoridades competentes como de la ciudadanía.
El reto es grande, y la solución no es inmediata, y exige abordar el problema en toda su complejidad y de forma integrada. Al mismo tiempo se debe evitar la picaresca de aprovechar las lagunas existentes para acelerar planes, programas y proyectos actualmente en el centro del debate. No debe olvidarse que está en vigor la “Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020)” así como la obligatoriedad de la “Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental” de los planes con incidencia territorial, regulada a través del DECRETO 183/2003, de 22 de julio.
Nuestro compromiso ineludible con la gestión sostenible del territorio puede sintetizarse en las siguientes frases pronunciadas en el XVI Congreso de Eusko Ikaskuntza sobre “Desarrollo Sostenible- El futuro”:
. El territorio es un préstamo de nuestros hijos e hijas a las que debemos devolver capital e intereses.
. La calidad de vida no está en la abundancia sino en la suficiencia.
. Debemos planificar para que el territorio sea un espacio de oportunidades para un comportamiento sostenible de la sociedad. El progreso ya no se puede medir en PNB, sino en las reservas de capital natural y social de una sociedad.