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De embriones sobrantes, movilidad de gametos y acceso igualitario: reflexiones desde la investigación jurídica comparada
Mi interés por el derecho y la bioética se consolidó durante mis estudios en España, donde comprendí que la regulación jurídica de la reproducción asistida no puede analizarse de forma aislada, sino siempre en diálogo con la ética y la práctica clínica. Durante ese período, cursé un año de intercambio Erasmus en la UPV de Donostia-San Sebastián, una experiencia decisiva que me permitió entrar en contacto con una tradición académica particularmente atenta a los derechos fundamentales y a los debates bioéticos contemporáneos. Este primer acercamiento al derecho comparado marcó de forma permanente mi trayectoria académica y profesional.
Al año siguiente, gracias a una beca de investigación de seis meses, realicé mi tesina de fin de carrera en bioderecho en la Cátedra de Derecho y Genoma Humano en Bilbao, bajo la dirección del Prof. Casabona. El trabajo se centró en los biobancos y en la investigación clínica con material biológico humano, un ámbito en el que ya emergían con claridad muchas de las cuestiones que hoy siguen siendo centrales: la titularidad del material biológico, el consentimiento informado y el equilibrio entre progreso científico y protección de los derechos de las personas. Esta experiencia confirmó mi interés por la investigación jurídica aplicada a la práctica sanitaria.
Tras finalizar mis estudios y colegiarme como abogada tanto en Italia como en Madrid, comencé a trabajar en una clínica de Barcelona que abrió la primera sede en Italia especializada en reproducción asistida heteróloga. Se trataba de un proyecto pionero: fue la primera clínica en Italia en tratar la donación de ovocitos, una técnica que hasta 2014 estaba expresamente prohibida por la legislación italiana. La experiencia profesional me permitió constatar de manera directa cómo las limitaciones normativas influyen en la vida de los pacientes y en la actividad de los profesionales sanitarios, y cómo la ausencia de un marco claro genera inseguridad jurídica y desigualdades en el acceso a los tratamientos.
Posteriormente, tras la pandemia, me incorporé al Instituto Bernabéu en Alicante, donde continué desarrollando mi trabajo en el ámbito de la reproducción asistida. Este contexto me permitió observar el funcionamiento de un sistema normativo, el español, que desde hace décadas ha optado por una regulación más abierta e inclusiva. A pesar de las críticas que puede suscitar, la legislación española ofrece un marco jurídico claro, estable y coherente, que regula de forma detallada cuestiones como la donación de gametos, el destino de los embriones sobrantes y el acceso a las técnicas de reproducción asistida sin discriminación por estado civil u orientación sexual.
Hace cinco años decidí recoger esta experiencia académica y profesional en mi tesis doctoral, que actualmente desarrollo en la Universidad de Deusto, en Bilbao. La investigación se centra en el análisis comparado entre Italia y España y se articula en torno a tres grandes ejes, que representan algunos de los principales desafíos actuales del derecho de la reproducción asistida en Europa: la gestión de los embriones sobrantes, la movilidad transfronteriza de gametos y embriones, y la igualdad en el acceso a las técnicas reproductivas.
El primer eje de la investigación se refiere a los embriones sobrantes y a su estatuto jurídico. Se trata de uno de los temas más controvertidos, tanto desde el punto de vista legal como ético. Mientras que la legislación española regula de forma explícita los posibles destinos de los embriones no transferidos —conservación, donación con fines reproductivos, donación para investigación o cese de la conservación—, el sistema italiano sigue caracterizándose por una fuerte rigidez normativa y por la ausencia de soluciones claras para situaciones frecuentes en la práctica clínica. Esta diferencia genera incertidumbre jurídica y dificulta una gestión responsable y respetuosa de la voluntad de los pacientes.
El segundo eje aborda la importación y exportación de gametos y embriones, un fenómeno cada vez más frecuente en un contexto europeo marcado por la libre circulación de personas y servicios. La investigación analiza cómo las divergencias normativas entre los Estados miembros fomentan prácticas de movilidad reproductiva, a menudo forzada, y plantea interrogantes relevantes sobre la protección de los derechos de los pacientes, la trazabilidad del material biológico y la cooperación entre autoridades sanitarias. En este ámbito, la experiencia española muestra la importancia de una regulación clara y de procedimientos administrativos transparentes, capaces de garantizar seguridad jurídica sin obstaculizar la práctica clínica.
El tercer eje se centra en la igualdad en el acceso a las técnicas de reproducción asistida. España ha optado por un modelo inclusivo que permite el acceso a todas las mujeres, independientemente de su estado civil u orientación sexual, reconociendo la reproducción asistida como una cuestión de salud y de derechos. Italia, en cambio, mantiene todavía restricciones significativas que excluyen a mujeres solteras y parejas del mismo sexo, generando desigualdades evidentes y favoreciendo el desplazamiento de pacientes al extranjero. El análisis comparado pone de manifiesto cómo una regulación más inclusiva no solo amplía derechos, sino que también reduce la inseguridad jurídica y las desigualdades sociales.
A lo largo de la tesis, el objetivo no es proponer una simple trasposición del modelo español al ordenamiento italiano, sino ofrecer una reflexión crítica que permita identificar principios y soluciones adaptables al contexto italiano. El derecho comparado se convierte así en una herramienta fundamental para repensar la regulación de la reproducción asistida desde una perspectiva más coherente, equitativa y respetuosa de los derechos fundamentales.
La investigación confirma que la reproducción asistida no es únicamente una cuestión técnica o médica, sino un ámbito en el que convergen derecho, ética y política legislativa. Las decisiones normativas adoptadas en este campo tienen un impacto directo en la vida de las personas y en la configuración de nuevos modelos familiares. Por ello, resulta esencial que el legislador afronte estos temas con una mirada amplia, informada y abierta al diálogo comparado.
