Gaiak
La reorganización social de los cuidados
Profesora de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
Nos encontramos en un momento crítico en relación a cómo afrontar las necesidades de cuidado de las personas dependientes. La pandemia ha puesto de manifiesto que el modelo de cuidados está obsoleto, que requiere de cambios sustanciales, si se quiere responder a las demandas de asistencia que la población mayor plantea, con dignidad para ellas y con condiciones de trabajo decentes y reconocimiento social para quienes cuidan.
La cultura del cuidado de los países del sur de Europa coincide en la preferencia de que, en caso de vejez y de precisar cuidado, este sea proporcionado en casa y por la familia. De hecho, la mayor parte del cuidado que precisan las personas dependientes se suministra por parte de la familia; principalmente por las mujeres, dado el desigual reparto que presentan las actividades domésticas según el género. Como segunda opción se elige externalizarlo, contratando a una persona, generalmente una mujer inmigrante, para desempeñar este trabajo. Ambas modalidades tienen en común que mantienen la responsabilidad del cuidado en manos de las mujeres, de manera que la relación entre feminidad, casa y cuidado se naturaliza; también refuerzan la idea de que las necesidades de cuidado y los conflictos que se derivan del mismo, como el desigual reparto, la intensiva dedicación de tiempo, o la disponibilidad, o no, de recursos para atenderlo, son un asunto doméstico, que se resuelve en el ámbito privado del hogar.
La tercera opción para cubrir las necesidades familiares de cuidado es acudir a los servicios públicos o privados que proporcionan ayuda. La opción de recurrir a centros de día o residencias privadas tiene un coste económico que pocas familias pueden permitirse. De hecho, son los servicios públicos, desarrollados a partir de la aprobación de la Ley de Dependencia (LAPAD) en 2006, y la Ley de Servicios Sociales (CAE, 2008), los que proporcionan mayor cobertura. Las residencias se consideran el último recurso, es decir, las personas mayores no van a estos centros, sino que las llevan, cuando las posibilidades de ser atendidas en el hogar son mínimas. En la CAE, las 270 residencias existentes (73 públicas y 197 privadas) apenas atienden a un 3,8% de la demanda potencial de personas mayores de 65 años, cuando la recomendación de la OMS es llegar a un 5% de cobertura. Por otra parte, la financiación de los centros residenciales es mayoritariamente pública: el 75,5% de las residencias tiene financiación pública, lo que muestra que, aunque la titularidad de los centros en mayoritariamente privada, la financiación corre a cargo de la iniciativa pública.
Como ya se observaba antes de la irrupción de la pandemia, y se ha comprobado desde entonces, los servicios de atención a la dependencia presentan importantes deficiencias. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en la CAE, un 17,1% de demandantes con derecho reconocido a un servicio o prestación está pendiente de recibirlo, lo que se conoce como limbo de la dependencia. En los grados II y III, los de mayor dependencia, son más de 5000 personas (11,3%) las que están en dicha situación.
La pandemia ha puesto de manifiesto que el modelo de cuidados está obsoleto, que requiere de cambios sustanciales.
Las distintas modalidades de prestación de cuidado (trabajo no remunerado, servicio doméstico e institucionalizado con ayuda pública) son interdependientes: cuando el compromiso de los poderes públicos es escaso y/o deficiente la carga del trabajo de cuidado recae más sobre las familias. Las crisis, tanto la económica de las pasadas décadas, como la sociosanitaria provocada por la covid-19, han supuesto una refamilización del cuidado a causa de los recortes de prestaciones públicas y por las deficiencias del cuidado institucionalizado.
La reorganización social del cuidado exige enfrentarse a diferentes retos. Las políticas sociales han de sustentarse en una perspectiva integral, es decir, teniendo en cuenta la participación de las partes que intervienen en la prestación y en la recepción de cuidados. En el ámbito del cuidado familiar, a) promover la corresponsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados entre los miembros del hogar para evitar la asignación del cuidado a las mujeres y la reproducción sexual del trabajo; b) desligar el cuidado “en” casa del cuidado “por” la familia. La preferencia por vivir en casa es compatible con el desarrollo de los servicios de ayuda a domicilio, que combinan la permanencia en el entorno hogareño con el compromiso de las Administraciones Públicas. El reto en este ámbito es reorientar la organización del cuidado desde la responsabilidad femenina-doméstica a la responsabilidad social-pública (social care).
En el área de la extenalización del cuidado mediante la contratación de personal, los retos se orientan hacia, a) atender los conflictos derivados de una relación laboral que con frecuencia es irregular y muchas veces se desempeña en condiciones de trabajo precarias; b) combinar la mejora de las condiciones salariales de las trabajadoras del servicio de hogar con el acceso a este servicio por parte de las personas mayores que precisan ser cuidadas y tienen un bajo poder adquisitivo; c) aminorar la modalidad de servicio doméstico “interno” mediante el desarrollo de prestaciones y servicios institucionalizados, de modo que la facilidad de acceso y disponibilidad de los mismos la haga innecesaria. Los retos en este ámbito se dirigen, del lado de las trabajadoras, a poder desempeñar el trabajo en condiciones de jornada y salario dignos; y, del lado de las personas cuidadas, a disponer de servicios públicos asequibles para neutralizar las diferencias de clase que discriminan en el acceso a servicios privados. Es decir, articular los intereses entre cuidadoras (derechos laborales) y personas cuidadas (derechos sociales).
En el campo del cuidado institucionalizado, las Administraciones Públicas se encuentran ante distintos desafíos. Por un lado, con respecto a las condiciones de prestación del cuidado en las modalidades de ayuda a domicilio o en centros residenciales que reciben fondos públicos, asegurar la formación y la profesionalización del sector, las garantías laborales del personal y ratios temporales de atención a dependientes que permitan realizar un cuidado de calidad. Por otro lado, en el ámbito de las políticas públicas, a) establecer y/o mejorar los mecanismos de articulación entre organismos y servicios competentes: laborales, sociales y sanitarios (perspectiva integral); b) fortalecer el sistema público de atención a la dependencia, disminuyendo las listas de espera y estableciendo ratios de personal adecuadas a las necesidades actuales de las personas dependientes en domicilios y residencias; c) mejorar la inspección y los controles de la gestión de las empresas que prestan servicio con financiación pública para evitar que compañías y fondos de inversión hagan del cuidado un negocio; y finalmente, dar credibilidad a un modelo de cuidados que, tras la pandemia, ha mostrado grandes deficiencias.
Para ampliar información:
- García Sainz, Cristina (2021). “Conflictos de intereses en la organización social de los cuidados”, Emakunde.
- Durán, M. Ángeles (2018). La riqueza invisible del cuidado, Universidad de Valencia.
- Comas-d’Argemir, Dolors y Bofill-Poch, Sílvia (eds.) (2021): El cuidado importa. Impacto de género en las cuidadoras/es de mayores y dependientes en tiempos de la Covid-19.
