Desarrollo y competitividad: más allá de la economía

Susana FRANCO, Investigadora de Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad
James WILSON, Investigador de Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad

Como miembros de un Instituto que lleva incorporado en su mismo nombre el término competitividad, creemos que resulta de fundamental importancia concretar qué se entiende por dicho concepto. Esto es así porque el uso del lenguaje no es neutral y tiene implicaciones tanto sobre las acciones que los investigadores llevamos a cabo (artículos de investigación, actividades de formación o procesos de interacción con diversos agentes que tienen como finalidad producir un cambio en la sociedad), como sobre las percepciones que los demás tienen cuando oyen el término. En este sentido, Erica Schoenberger (1998:3)1 declara refiriéndose a la competitividad: “no es una mera descripción ‘objetiva’ de un aspecto de la vida económica, sino que también es parte de la estrategia discursiva que construye un entendimiento particular de la realidad y suscita acciones y reacciones apropiadas a dicho entendimiento”.

La evolución del concepto de competitividad tiene muchas similitudes con la del concepto de desarrollo. En ambos casos se partió de un enfoque meramente económico para ir incorporando gradualmente otros elementos sociales y medioambientales. Si bien es cierto que, en sus orígenes, los estudios sobre desarrollo se centraron en los países que se consideraban menos desarrollados y los de competitividad territorial en países más desarrollados, últimamente ambos conceptos tienden a utilizarse en todos los ámbitos territoriales, ofreciendo visiones diferentes que pueden coexistir.

Definir la competitividad territorial es más complejo que hacerlo en el caso de la competitividad empresarial. Al contrario que las empresas, los territorios no tienen un balance final, aunque pueden tener un mejor o peor desempeño que otros territorios. Aunque se puede argumentar que el concepto de competitividad se viene debatiendo al menos desde que Adam Smith escribió La Riqueza de las Naciones (1776), la posición dominante que este término tiene en el discurso político es bastante reciente. Así, por ejemplo, el Consejo de Competitividad de EEUU no se creó hasta 1986 y la competitividad solo se convirtió en un concepto central en la Unión Europea con la adopción de la Agenda de Lisboa en el año 2000.

También en el mundo académico se han multiplicado de manera exponencial en los últimos 25 años los estudios sobre el tema, que apenas se mencionaba como tal antes de la década de los 90 del siglo pasado. No sólo ha cambiado la intensidad, sino también el foco. Antes de esa fecha, los estudios tenían un carácter más macroeconómico, centrado en el análisis del comercio internacional argumentando, por ejemplo, que una reducción en los costes se encontraba tras el aumento de las exportaciones. Aunque hoy en día el análisis de los costes sigue siendo relevante para la competitividad, el foco se ha trasladado al nivel microeconómico, al entorno de las empresas.

Hoy en día el análisis de los costes sigue siendo relevante para la competitividad, el foco se ha trasladado al nivel microeconómico, al entorno de las empresas.

El cambio de foco se debe en gran medida al influyente trabajo The Competitive Advantage of Nations, que Michael Porter publicó en 1990.2 En dicha publicación se postula que la competitividad de un país depende de la productividad de sus empresas y que esa productividad, a su vez, depende de los factores del entorno que se estructuran de acuerdo a los cuatro vértices que constituyen el diamante territorial: las condiciones de los factores de producción, el contexto para la estrategia y rivalidad de las empresas, las condiciones de demanda y los sectores relacionados y de apoyo. Este es el enfoque que siguen dos publicaciones de referencia como el Global Competitiveness Report publicado cada año por el World Economic Forum (WEF) y el World Competitiveness Yearbook del Institute for Management Development (IMD). En ambas publicaciones se recogen una serie de indicadores que miden las capacidades de los territorios para incrementar su productividad y prosperidad.

Hay dos hipótesis que subyacen en esa aproximación. La primera, que justifica la elaboración de los diversos rankings, es que los territorios compiten directamente unos con otros. Aunque es cierto que diversos territorios pueden entrar en competición (por ejemplo para atraer la implantación de una determinada empresa) es peligroso asumir que la relación entre territorios se basa en un juego de suma cero en el que uno de ellos va a ganar a costa de que pierda el otro, ya que esto excluye la posibilidad de colaboración para que todos ganen.

La segunda hipótesis es que el objetivo que se pretende alcanzar es el incremento de los ingresos, primero en forma de beneficios (por parte de las empresas) y luego como crecimiento del PIB per capita de manera agregada a nivel territorial. Sin embargo, como nos han mostrado los distintos estudios sobre el desarrollo, el desarrollo económico debe ser sostenible y el desarrollo humano no sólo depende de los ingresos. Por tanto, el concepto de competitividad debería ser también capaz de integrar objetivos socio-económicos más amplios. En ese sentido, cabe destacar que progreso económico y progreso social están relacionados pero, como nos indica el “Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social” encargado en el año 2008 por el presidente Sarkozy a una Comisión liderada por los expertos Stiglitz, Sen y Fitoussi3, los indicadores económicos no son suficientes para valorar el éxito en la mejora del bienestar de los ciudadanos. Así han surgido distintos índices para medir el nivel de desarrollo de los territorios, desde el pionero Índice de Desarrollo Humano (IDH)4 hasta indicadores más recientes como el Índice de Progreso Social (IPS)5. Este último ofrece un marco que agrupa los indicadores en tres dimensiones del bienestar: las necesidades básicas de las personas (nutrición, agua, vivienda y seguridad); los fundamentos que les permiten mantener y mejorar su calidad de vida mediante educación básica, acceso a información, salud adecuada y calidad del ecosistema; y las oportunidades para que cada persona alcance su potencial pleno a través del respeto de sus derechos y libertades, en un ambiente de tolerancia y con acceso a educación avanzada.

De cualquier manera, cada sociedad debería decidir los objetivos que desea alcanzar, definiéndolos a través de procesos democráticos que requieren nuevas formas de gobernanza para alinear los objetivos de las personas con los de las instituciones. Indicadores como los mencionados IDH o IPS nos pueden ayudar a medir si estamos alcanzando los objetivos previstos y otros como los que siguen la metodología del WEF o IMDB ayudan a valorar si se dan las capacidades territoriales para la mejora de la productividad y prosperidad económica. En el caso del País Vasco, nuestros informes bienales de competitividad6 hacen un seguimiento de la posición competitiva del País Vasco, pero aún tenemos por delante el reto de entender mejor los factores que pueden influir en una mejora sostenible tanto de la competitividad económica como de la competitividad que va más allá de la economía para incorporar elementos sociales y medioambientales.

La opinión de los lectores:

• Harpidetza / Suscripción
• Nortzuk gara / Quiénes somos
• Lege oharrak / Avisos legales
• ISSN 1139-3629
• euskonews@euskonews.com