380 Zenbakia 2007-02-02 / 2007-02-09
Ramón Sierra Bustamante. En septiembre de 1936, pocos días después de la ocupación de San Sebastián por las tropas sublevadas, el gobernador civil de Guipúzcoa —Ramón Sierra Bustamante— recomendaba al Rector de la Universidad de Valladolid el cese de los inspectores de Educación Tomás de Rivas e Ildefonso Beltrán. Pocos días después, el 29 del mismo mes, se confirmaban los nombramientos de la Junta Carlista de Guerra por los cuales Josefina Olóriz pasaba a ser la inspectora jefe y Teresa Tuduri directora de la Escuela Normal. Estos ceses y nombramientos fueron los primeros pasos del proceso depurador de la Enseñanza en Guipúzcoa. Previamente, el 31 de agosto de 1936, la Junta Carlista de Guerra había hecho público un escrito en el que ponía de manifiesto su intención de proceder a la depuración de los docentes de la provincia.
El proceso depurador en Guipúzcoa comenzó por los profesores de la Escuela Normal de los que seis recibieron informes desfavorables. El 26 de septiembre, desde la delegación de Instrucción Pública del Gobierno Civil, se remitió a la Universidad de Valladolid una relación de profesores afiliados a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) perteneciente a la UGT, a la vez que se solicitaba que fueran cesados en sus cargos. En noviembre de 1936 el proceso depurador entró en una nueva e importante fase. El 8 de noviembre de 1936 la Junta Técnica del Estado, máximo órgano de gobierno de los sublevados, publicó su Decreto n.º 66 por el que se regulaba el proceso de depuración de la Enseñanza y se creaban cuatro comisiones, denominadas A, B, C y D encargadas de depurar los diversos niveles educativos (Universidad, Escuelas de Ingenieros y Arquitectos, Institutos de Secundaria y Magisterio respectivamente). En Guipúzcoa, que es el caso que ahora nos ocupa, tan sólo actuaron las comisiones C y D cuya actuación comentamos brevemente a continuación al no existir instituciones de enseñanza superior. La Comisión C: La depuración de la Enseñanza Secundaria.
En 1936 existían en Guipúzcoa cuatro institutos (San Sebastián, Irún, Eibar y Oñate) en los que impartían docencia 53 profesionales de los que 14, es decir el 26% del total, fueron sancionados y cinco de ellos separados definitivamente del servicio. Los institutos de San Sebastián e Irún, con cuatro y tres profesores separados del servicio definitivamente, fueron los más castigados por el proceso depurador. Uno de ellos, el director del Instituto de Irún —Moisés Urmeneta— fue también uno de los primeros condenados por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Navarra y Guipúzcoa.
José Berruezo. Entre los depurados de Secundaria, que salieron bien librados del proceso, se sitúan varios nombres ilustres. El primero de ellos es José Berruezo, periodista y escritor que en 1936 era ayudante en el Instituto de San Sebastián. Pese a que se alistó en las filas del Ejército franquista —en una unidad de propaganda destinada en el frente de Madrid— sus expedientes, su presencia en filas hizo que hasta 1940 no se resolviese el expediente con la confirmación de Berruezo. Otro de los profesores de Secundaria depurados fue el pintor Vicente Cobreros Uranga. Su expediente de depuración es escueto ya que fue confirmado, en diciembre de 1936, al pertenecer al requeté auxiliar.
La depuración de Secundaria tuvo una especial incidencia en la villa de Oñate, donde el tradicionalismo hizo que la represión de posguerra fuera especialmente intensa. Llama la atención el proceso de depuración de Secundaria uno de los profesores sancionados, Genaro Fernández Santamaría, director del Instituto de Oñate que fue acusado de haber expuesto en clase las teorías de Darwin lo cual, según consta en su expediente, creó “escándalo entre sus alumnos y dando origen a una polémica periodística”1. Su expediente se resolvió con una sanción de suspensión de empleo y sueldo durante dos cursos. Esta sanción, al parecer fue mal recibida en la localidad, y desde el propio instituto se protestó por la “levedad” de la misma, lo que motivó que fuese multado por el Ayuntamiento con 2.000 pesetas y confinado en Segura. Finalmente, ante la presión social que debía soportar, optó por abandonar el País Vasco y dirigirse a Asturias, donde permaneció hasta 1940. Ese año regresó a San Sebastián y solicitó la revisión de su expediente, que se resolvió con su reingreso en el cuerpo pero inhabilitado para cargos directivos en centros de enseñanza. La importancia de la cuestión religiosa se pone de manifiesto en otros expedientes de depuración. A modo de ejemplo se puede mencionar el caso de la profesora de Geografía e Historia del Instituto de Irún, Ana Martínez Iborra. Sobre ella recayó la acusación de “suprimir siempre las lecciones referentes a la Iglesia y a las gloriosas cruzadas de la Edad Media, dando, en cambio, gran importancia a la última y nefasta etapa republicana”2. Esto, unido a que no se reincorporó a su puesto de trabajo motivó su separación definitiva del servicio. La depuración de la Enseñanza Primaria
La depuración de la Enseñanza Primaria en Guipúzcoa se solventó con un porcentaje de sanciones cercano al 28% de los docentes de la provincia, lo que sitúa a este territorio por encima de provincias como Albacete, Guadalajara, Lérida o Madrid donde la pervivencia de la República fue mucho mayor que en Guipúzcoa. Sin embargo, la nota que diferencia el proceso depurador en Guipúzcoa era la presencia del nacionalismo vasco. Una circular de José María Pemán, responsable de Educación de la Junta Técnica del Estado, fechada el 7 de diciembre de 1936, consideraba que los maestros que hubieran formado parte del nacionalismo vasco debían ser sancionados y trasladados pero no separados del servicio, ya que su condición de católicos hacía que pudiesen ser “utilizados” en otras zonas. Sin embargo, para lo maestros considerados “izquierdistas” se decretaba la separación definitiva si bien, en el caso del País Vasco, se contemplaba la posibilidad de hacer excepciones, como fue el caso de un maestro de Eibar que era considerado “maestro castellano nunca contaminado por el virus separatista que su traslado no sea fuera de la provincia por estimarse interesante su labor en las provincias vascongadas”3.
El proceso de depuración se fundamentaba en la presentación de un pliego de cargos contra el expedientado que solían ser de tipo político, sindical, profesionales y morales. En el primer grupo la acusación más repetida era la de “izquierdista” que se formula en el 41% de los casos en que se presentan cargos, seguido de la acusación de pertenecer al nacionalismo vasco (21%). Entre los cargos sindicales el más frecuente es el de pertenecer a la FETE o a la FUE. Se da la circunstancia de que un grupo importante de maestros fueron expedientados por haber participado en un banquete de homenaje al maestro oñatiarra, que ejercía en Mondragón, Angel Iturmendi. Este maestro, único caso de docente guipuzcoano fusilado durante la Guerra Civil, fue acusado de haber redactado el bando del comité revolucionario de Mondragón en octubre de 1934. Por este motivo fue detenido tras los sucesos de octubre y, a la salida de la cárcel, sus compañeros le obsequiaron con un homenaje. Asistir al mismo se convirtió en cargo contra los maestros e Iturmendi fue fusilado en Oviedo tras la ocupación de la ciudad. En lo que se refiere a los cargos profesionales en la mayor parte de los casos (79%) se refiere a maestros que no se han reincorporado a sus puestos de trabajo y, finalmente, los cargos relacionados con la moral, sin ser muy numerosos —ya que tan solo se incluyen cargos de este tipo en el 4% de los casos frente al 51% de los cargos políticos—, están relacionados con la enseñanza de la religión o el cumplimiento de las prácticas religiosas.
Pese a que en 1942 las autoridades franquistas dieron por cerrado el proceso depurador en Guipúzcoa la realidad es que éste se prolongó, en algunos casos, hasta los años sesenta. Las sucesivas revisiones, las pruebas aportadas por los expedientados o las endebles acusaciones en gran parte de los casos hicieron que, finalmente, en muchos casos, los expedientes se revisaran y terminaran fallándose a favor del maestro, en muchos casos tras haber soportado años de penalidades, marginación social y, en algunos caos, prisión. El proceso depurador en Guipúzcoa, en el que se sancionó a más de la cuarta parte de los docentes guipuzcoanos, fue de una dureza inusitada para un territorio de naturaleza conservadora como era la Guipúzcoa de los años treinta. Nota: Este trabajo es un resumen de un proyecto de investigación con el mismo nombre dentro del programa de Ayudas a la Investigación de Eusko Ikaskuntza. 1Expediente de depuración de Genaro Fernández Santamaría. AGA-Educación, legajo 18.531 2Expediente de depuración de Ana Martínez Iborra. AGA-Educación, legajo 18.480 3Expediente de depuración de Feliciano Rodríguez. AGA-Educación, legajo 191