659 Zenbakia 2013-02-20 / 2013-02-27

Gaiak

Título original de la tesis: “Avances metodológicos en la implantación de sistemas de costes en la Administración Local: Una aplicación empírica a los Servicios Sociales de atención primaria de la Comunidad Foral de Navarra”.

Tesis dirigida por Eduardo Malles Fernández y Helio Robleda Cabezas.

Departamento de Economía Financiera I de la UPV/EHU

La mejora de la gestión y redistribución de los recursos públicos es una de las preocupaciones más importantes de las últimas décadas. De esta inquietud surgió una nueva corriente que buscaba la manera de lograr una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos, en aras a una mayor calidad de las prestaciones y una redistribución más equitativa de los recursos, esta tendencia se hizo llamar la Nueva Gestión Pública o New Public Management, que fundamentalmente combinaba la gestión por objetivos a través de indicadores cuantitativos, el uso de la privatización, la orientación al cliente, la reorganización de los mecanismos de gestión, mayor disciplina en los presupuestos o el uso de la evaluación como instrumento de mejora.

Para poder conseguir los logros de eficacia y eficiencia, ya desde hace algunos años, se está trabajando en el desarrollo de herramientas de gestión que ayuden a los gestores a optimizar la utilización de los recursos públicos. Podemos diferenciar entre herramientas de procesamiento de la información existente y herramientas que requieren una metodología que sustente el procesamiento de la información. Las primeras han tenido un gran desarrollo, sobre todo por el apoyo de las aplicaciones informáticas, en cambio las que requieren una contextualización o un marco conceptual son más difíciles de desarrollar, fundamentalmente por la heterogeneidad que presentan las entidades públicas.

El rendimiento de las administraciones se ha venido midiendo en la cantidad de bienes y servicios prestados. Estas medidas son importantes pues muestran en qué se utilizan los recursos. Pero, cuando se trata de relacionar lo que se gasta con lo que se hace (actividad), se corre el riesgo de no utilizar la conceptualización adecuada. Los interrogantes “para qué” se hace, “por qué” se hace, “para quién”, “cómo” y cuánto se hace condicionan considerablemente las mediciones a utilizar. La herramienta requiere un poso conceptual que los procesadores de información o las aplicaciones informáticas no pueden aportar.

La mejora de la gestión y redistribución de los recursos públicos es una de las preocupaciones más importantes de las últimas décadas.

Foto: CC BY - sergis blog

La medición de la actividad exige claridad en la respuesta a todas estas interrogantes, a la heterogeneidad que presenta el sector público y al hecho de que los objetivos sean distintos al sector privado (maximizar beneficios, captar cuota de mercado, generar valor añadido, generar empleo, maximizar rentabilidad, etc.).

A pesar de estos inconvenientes el Sector Público, en general, trabaja en la búsqueda de instrumentos que doten de transparencia y faciliten el control sobre la gestión y la administración de los recursos públicos para la mejora del servicio.

De todo el sector público la tesis se centra en una de las áreas más sensibles, el de los Servicios Sociales, el cual está valorado como un bien capital en el estado del bienestar pero genera mucha controversia en épocas de recesión y crisis.

La demandada “calidad de vida” en los países desarrollados exige disponer, además de los servicios mínimos de atención que cubran las necesidades vitales, de aquellos servicios que mejoren la calidad de vida de los contribuyentes. Se vislumbra en las últimas décadas una ampliación cuantitativa y cualitativa de las prestaciones de Servicios Sociales. El derecho a una vida digna ha convertido en necesidad demandas que hace tiempo se consideraban privilegios de una pequeña parte de la sociedad.

No cabe duda de que los departamentos municipales de Servicios Sociales son los que perciben en primera instancia la presión de la creciente expansión de esta demanda. En consecuencia, el incremento de los recursos destinados a dichos servicios ha sido notable y es fácil apreciarlo en los presupuestos tanto estatales como en los de las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Administraciones Locales.

El aumento en la asignación presupuestaria destinada a fines sociales se ha congelado por el efecto de la crisis económica coincidiendo lógicamente con el aumento de la demanda de los mismos.

En épocas de expansión, mientras hay recursos suficientes, el objetivo se centra en atender las demandas sin necesidad de evaluar su eficiencia, sin embargo, en situaciones de crisis, los recursos escasean, las necesidades aumentan y surgen las interrogantes sobre la idoneidad y adecuación de la gestión y redistribución de los recursos. Como se indicó al principio, además de ser eficaz es necesario ser eficiente.

Así el objetivo se duplica: Por un lado, se procura no perjudicar la calidad de los servicios por las medidas de contención del gasto y Por otro, se adecuan las fuentes de financiación a la sostenibilidad de los Servicios Sociales básicos.

La preocupación es compartida entre los dirigentes, gestores, contribuyentes y usuarios que ven necesaria una adecuación, mejora, optimización o búsqueda de actuaciones o instrumentos que permitan racionalizar la gestión de los recursos.

Se procura no perjudicar la calidad de los servicios por las medidas de contención del gasto.

Foto: CC BY - NWABR

Son los propios responsables de la gestión los más interesados en disponer de herramientas que les permitan justificar las decisiones tomadas, analizar y comprender en su integridad el servicio, mejorar su eficiencia y, de cara al futuro, optimizar la planificación estratégica.

Las medidas de ajuste en la gestión de los Servicios Sociales están condicionadas por un clima poco favorable en el contexto actual de la sociedad y las previsiones han puesto en tela de juicio la sostenibilidad de la estructura de financiación actual. La probable reducción de los recursos en comparación con el incremento exponencial de la demanda exigirá una adecuación de la oferta, para lo cual resulta imprescindible conocer uno de los aspectos más relevantes y desconocidos de las prestaciones: su coste.

En este contexto se ha optado por la institucionalización de las medidas de gestión a través de su reconocimiento normativo. Así, la Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (BOE nº 301 - 17 diciembre, 2003), en su artículo 133 prevé el seguimiento de los costes de los servicios y la asignación de recursos en función de la definición y el cumplimiento de objetivos, respectivamente. El desarrollo de esta ley se materializó, entre otros, en el Real Decreto Legislativo, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (BOE nº 59 - 9 marzo, 2004), que requiere a los municipios de más de 50.000 habitantes, la inclusión de una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos (artículo 211).

De esta situación surgió la idea de analizar la posibilidad de trasladar y adaptar sistemas de costes contrastados del ámbito privado al sector público para lo cual tuvimos que analizar iniciativas similares que comenzaban a obtener resultados satisfactorios y plantear cambios metodológicos.

Después de un largo proceso conseguimos diseñar un modelo de costes que se ha implantado en las principales unidades de gestión de los Servicios Sociales de Base de la Comunidad Foral de Navarra obteniendo interesantes resultados que facilitan la mejora de la gestión mediante la identificación de las buenas prácticas detectadas a través de la comparabilidad de los costes. Todo el proceso de implantación se realizó con la inestimable ayuda de los responsables y gestores de los Servicios Sociales que reconocieron la utilidad de la metodología diseñada.