619 Zenbakia 2012-03-30 / 2012-04-13

Gaiak

Cuatro años de traición. De la revolución francesa a la constitución de 1812

RILOVA JERICO, Carlos



El origen de este artículo, a pesar de que responde a algunas dudas históricas con más de dos siglos de vigencia, no pudo ser más banal. Ocurrió mientras el historiador que lo escribe y lo firma estaba haciendo lo que se supone que debe hacer la mayor parte del tiempo. Es decir: estar en un archivo recogiendo datos entre cientos de expedientes para escribir la Historia de algo o de alguien.

En ese proceso rutinario suelen producirse hallazgos casuales que el desaparecido José Ignacio Tellechea Idigoras solía atribuir al que él llamó en alguna ocasión “el arcángel de los archivos”, que ponía en manos de los historiadores incluso lo que no buscaban pero, como es el caso, se alegrarían, y mucho, de encontrar.

Ondarroa. Casa superviviente al incendio de 1794 provocado por las tropas de la Convención.

Foto: Carlos Rilova Jericó

Así, ni más ni menos, es como llegó a manos del que esto firma una valiosa información sobre qué había sido de la vida de los diputados electos para regir Gipuzkoa entre 1794 y 1795 y se vieron atrapados en la primera hora de la revolución que llamaba a la puerta de ese territorio —como a la de muchos otros en una Europa que ya no volvería a ser la misma desde el 14 de julio de 1789—, la que para ellos iba a eclosionar completamente con la entrada en vigor de la Constitución de 1812, conocida comúnmente como “La Pepa” por su proclamación en el día de San José de ese año.

Concretamente se trataba de dos de ellos. Por suerte los más significados en ese primer conato de revolución vasca importada desde Francia: Joaquín de Barroeta y Aldamar y su inefable pariente José Fernando de Echave Asu y Romero. Es decir, el “núcleo duro”, por así llamarlo, de aquellos guipuzcoanos que simpatizaban —y algo más, como se vería desde el verano de 1794— con la revolución francesa.

Son muchos los autores que han escrito o han aportado algo sobre ese tema, tan controvertido como sólo puede serlo uno que demuestra la existencia de revolucionarios autóctonos en un país en el que, hasta hace poco, casi ha estado prohibido relacionar la revolución francesa con nada que tenga que ver con él o con sus habitantes que, por supuesto, desde esa falsa visión de la Historia, siempre habrían sido como el marqués de Bradomín descrito por el dramaturgo Ramón María del Valle-Inclán. Es decir, aparte de más o menos feos y sentimentales, sobre todo católicos y, por tanto, visceralmente opuestos a todo lo que tuviera que ver con ideas revolucionarias como las que fueron echadas sobre el tapete de juego de la Historia en París el 14 de julio de 1789.

De esa obsesión de unos por ocultar la existencia de revolucionarios al Sur de los Pirineos y de otros —fundamentalmente historiadores— por desvelar justo lo contrario, han surgido trabajos como el firmado por el Duque de Mandas, que se desvivió por confirmar la tesis de la inexistencia de esa especie revolucionaria vasca y otros que, o la han analizado, o la han descrito al menos en algún detalle. Es el caso de Joseba Goñi, del ya citado José Ignacio Tellechea Idigoras, de Rosa Ayerbe, de José Ramón Guevara, de José María Mutiloa —quizás el que hasta ahora ha dedicado un trabajo más extenso, “La crisis de Guipúzcoa”, a ese tema—, de Paloma Miranda de Lage, de José Ramón Cruz Mundet, de Juan Carlos Mora, de David Zapirain y también del autor de este artículo.

A fecha de hoy podría decirse que, a falta de consultar algunos documentos conservados en los archivos militares franceses del Castillo de Vincennes, se ha avanzado mucho desde que se publicó “La separación de Guipúzcoa y la Paz de Basilea” escrita por el Duque de Mandas en 1895, justo cuando se cumplían cien años de la firma de ese tratado que ponía fin a las hostilidades entre la recién nacida república francesa —entonces conocida como Convención— y la corona española, que, como todos los demás reinos de la Europa de la época, se opone militarmente a los regicidas y revolucionarios de París.

Ondarroa, inscripción señalando que la casa fue reconstruida tras el incendio provocado por las tropas convencionales.

Foto: Carlos Rilova Jericó

Sin embargo, aún hay muchas dudas en torno a diversos aspectos relacionados con esta cuestión. Una de ellas es la que vendría a ilustrar, al menos un poco más, la documentación que ha dado origen a este artículo. Es decir: qué fue de los que se habían significado especialmente a favor de la revolución de 1789 una vez que gran parte del territorio guipuzcoano cayó en manos del ejército francés, a partir de la segunda mitad del año 1794.

¿Desaparecieron completamente de escena, demostrando así que las ideas revolucionarias, pasada la frontera del Bidasoa, habían sido una especie de breve relámpago en medio de la oscuridad de la noche absolutista? ¿Que la guerra de 1808 a 1814 fue, por tanto, única y exclusivamente, la de un pueblo profundamente católico que se oponía a un ejército, el napoleónico, representante de la revolución francesa?

El proceso conservado en el Archivo General de Gipuzkoa bajo la signatura CO MCI 4872, responde, en parte, esa pregunta. Ese documento está fechado en el año 1800 y, en principio, no tenía como objetivo dar una cuenta exacta de lo que les había pasado a Barroeta y Aldamar, sobre todo y —mucho menos— a Romero una vez que la firma de la Paz de Basilea en 1795 tira por tierra todos su planes y los convierte en, como se dice de Barroeta en ese proceso judicial, hombres viles y traidores.

Sin embargo, sus contenidos aclaran, al menos en parte, lo que le ocurrió a aquellos dos personajes que habían soñado con que su provincia fuera el siguiente territorio europeo en sumarse a la revolución iniciada en Francia en 1789.

Fue el propio Barroeta y Aldamar, para empezar, el que solicitó que se incoase ese proceso. ¿El motivo? Acababa, prácticamente, de volver de su exilio en el París revolucionario y estaba tratando de poner en orden los asuntos de sus, relativamente, vastos negocios, abandonados desde el año 1795 por esa ausencia.

Uno de esos asuntos a poner en orden era un contrato que tenía establecido para beneficiarse del arriendo de un mayorazgo guipuzcoano del duque de Granada de Ega. Concretamente de la ferrería de Iraeta. A ese fin había establecido una sociedad con José Xabier de Elorza ya antes de que las tropas francesas con las que tanto simpatizaría Barroeta, rompieran la resistencia que se les ofrecía al Sur del Bidasoa y entrasen en territorio guipuzcoano.

Acontecimiento que, como señalan una y otra parte involucradas en aquel negocio, tiró por tierra ese negocio con el que Joaquín de Barroeta y Aldamar quería ponerse al día en 1800. Las tropas convencionales lucen un aspecto harapiento que, sin embargo, se convertirá en un ícono patriótico a lo largo del siglo XIX, como se ve en este plato ornamental. Ejemplar procedente de La colección Reding.

Eso dio lugar a otro proceso civil con los herederos de Elorza y su mujer Thomasa Antonia de Eriba, también conservado en el Archivo General de Gipuzkoa. Éste bajo la signatura CO MCI 4886.

Fue en él en el que Joseph Ángel de Aguiriano, uno de los procuradores que defendían a la parte contraria a los intereses de Barroeta y Aldamar (el otro era el celebre Joseph Vicente de Egaña), dejó entrever que Barroeta había sido desterrado del reino después de 1795...

Eso fue bastante para que el interesado decidiera iniciar el proceso hoy archivado como CO MCI 4872. Enteramente destinado a demostrar lo injurioso de aquellas palabras.

En ese proceso salían a relucir cuestiones bastante espesas y no todas en favor de Barroeta. La parte contraria le acusaba de agente revolucionario, de ayudar a incendiar poblaciones vízcainas que se resisten a las tropas de la Convención y de otras cosas similares.

Barroeta, por boca de su procurador, exhibirá, para contrarrestar esos argumentos, documentos tales como el perdón otorgado en 1798 en París por la propia Corona para que volviera del exilio francés en el que se había refugiado por esas connivencias nada claras con los revolucionarios franceses. Al parecer eso fue bastante como para que se decantase el proceso a su favor.

Sin embargo aquellos cuatro años de traición —o de lo que parecía traición en aquel entonces— los que iban de 1794 a 1798, no habían pasado en vano ni habían sido olvidados, por mucho que ahora, en 1800, ofendieran, o parecieran ofender, a Barroeta que, al fin y al cabo, como demuestra la documentación conservada en Vincennes bajo la signatura B* 4-59, sí colaboró con la Convención, siendo tratado de igual a igual por sus agentes, como lo revela el título de “ciudadano” que anteponen a su apellido los mandos del ejército revolucionario.

En efecto, la toma del poder por un joven general héroe de la revolución, Napoleón Bonaparte, traerá la ocasión propicia para demostrar que la semilla lanzada con mayor o menor intención por gentes como Barroeta y Romero no ha caído en terreno baldío.

En 1808 ese general, consagrado como emperador francés desde cuatro años atrás, franqueó los pasos del Bidasoa. El efecto que produjo lo que pronto demostrará ser una invasión en regla, fue justo el contrario al que Napoleón daba ya por hecho. El 2 de mayo estalló en Madrid un motín popular que desencadenó, por reacción, un proceso revolucionario similar al que había estallado en Francia en 1789 y del que tanto habían aprendido —y al que tanto habían aportado— gente como Romero, Barroeta, la familia Cabarrús de Pasai Donibane o los Carrese de Tolosa.

Entre los documentos de esas fechas, como, por ejemplo, la correspondencia guardada en el legajo JD IM 3/4/86 —también del Archivo General de Gipuzkoa— encontramos, otra vez, muchos de esos apellidos, tan fieles todavía al ideario revolucionario que plantean su lucha contra Napoleón desde ese momento no tanto como una guerra a un invasor sino como resistencia contra un fantoche militar que ha traicionado a la revolución.

Barroeta aparecerá en esas cartas en una situación algo ambigua, pero no será el caso de sus parientes los Romero, señalados en esa correspondencia como agentes de la resistencia antinapoleónica ya desde ese otoño de 1808.

Grabado de época representando una sesión de las Cortes de Cádiz. Zumalakarregi Museoa.

La respuesta de clanes de revolucionaros como estos será clara: abominarán de Napoleón y de todos los oropeles pseudorrevolucionarios con los que encandila a un sector timorato de los antiguos ilustrados, los mismos que, junto a cierto número de oportunistas, reciben el nombre de “afrancesados”. Rechazarán así la llamada “Constitución de Bayona”, con la que se pretendía convertir la imposición de José Bonaparte como rey de España y de las Indias en una especie de favor, y secundarán, como mínimo, el régimen constitucional proclamado en Cádiz en 1812 y la Constitución que se convierte en bandera de ideas tales como la soberanía popular, la división de poderes, la limitación del papel de la monarquía, la abolición de la Inquisición y la tortura y muchas otras medidas que hoy consideramos derechos fundamentales.

Era el único camino lógico en ese momento para quienes admiraban a la revolución o habían sido criados en un ambiente en el que hubo hombres que, al menos en privado, debieron reconocer estar dispuestos a todo por ella. Desde incendiar pueblos serviles, obedientes a un rey absoluto como Carlos IV, hasta seguir a esas banderas revolucionarias a un exilio de cuatro años que sólo acaba cuando la propia Corona traiciona sus convicciones absolutistas —como en 1794 lo hacen los Carrese, los Cabarrús, Barroeta y Aldamar, Romero...—, consciente de que el Mundo, tal y como existía el 13 de julio de 1789, se ha desmoronado para entrar en un proceso de lucha entre revolucionarios y contrarrevolucionarios que, en buena medida, llega hasta hoy día y del que La Pepa no fue sino un hito más en torno al cual la sociedad vasca se dividió ferozmente. Basta, al respecto, con reflexionar sobre las vidas opuestas de Tomás de Zumalacarregui y su hermano, Miguel Antonio, al que Mikel Aberdi dedicó una merecida biografía. El primero general en jefe de las tropas reaccionarias, o carlistas, el segundo padre de la Constitución de 1812...