La propuesta de creación de un estado vasco impulsada por Joseph-Dominique Garat, senador del Imperio, a Napoleón Bonaparte, es uno de los capítulos más sugerentes de la historia decimonónica del País Vasco. A pesar de ello, se ha mantenido relativamente oculto para el gran público, lo que no parece responder a ningún tipo de intereses con trasfondo político o ideológico, sino al hecho cierto de que se trató de uno de tantos planes que el Gran Corso contempló y finalmente desechó, quedando relegado al limbo de las realidades que pudieron ser pero nunca fueron. No trascendió, quedando recluido al ámbito de la alta política y la diplomacia como una especie de proyecto de salón en el que, precisamente por esta causa, nada terminó de concretarse del todo. Sin embargo, su importancia es crucial, no únicamente porque prevé la constitución de un estado vasco capaz de fundir en una unidad política los territorios vascos de ambos lados del Bidasoa —un planteamiento que no era estrictamente novedoso—, sino por la ideología y el modelo de estado que su proyecto llevaba implícitos.
Lejos de la profunda impronta provincialista que caracterizó a propuestas como el de las Provincias Unidas del Pirineo propugnado por Manuel de Larramendi o la propia Euzkadi que Arana ensalzará como patria de los vascos casi cien años después de la era napoleónica, Garat hablaba de un estado uniforme y centralizado. El respeto a los fueros e instituciones de cada una de las provincias vascas no era para Garat una base de partida esencial, sino la propia identidad vasca vista desde un punto de vista rigurosamente moderno, en perfecta consonancia con los ideales políticos que propugnó la Revolución Francesa.
Portada del libro La alternativa Garat.
Su propuesta aparece como un calco del sistema administrativo y de gobierno aplicado en Francia durante la revolución y el Imperio: la nación moderna, distribuida administrativamente siguiendo criterios de pura racionalidad y no identitarios, se apropia de los recursos de un estado que llega a encarnar, correspondiéndole un solo gobierno y administración centralizada, una única lengua y una única identidad nacional. En este sentido, Garat se muestra partidario de diluir las provincias vascas siguiendo el mismo proceso que aconteció con las francesas, basándose en criterios puramente administrativos, mezclando buena parte de Bizkaia, Gipuzkoa y Laburdi en una nueva y homogénea provincia, dada su común dependencia del mar. Igualmente propuso para el resto del territorio, llegando a hablar de la provincia de Nueva Fenicia, de Nueva Tiro y, en caso de ser necesario, una tercera llamada Nueva Sidón, todas ellas sin rastro alguno de la tradicional división provincial. En este sentido, Garat puede considerarse como el primero que propugnó un modelo de nacionalismo moderno, basado en los postulados de la Revolución, para el País Vasco.
Joseph-Dominique Garat fue un abogado, periodista y orador laburdino que tomó parte en los acontecimientos que conformaron el proceso revolucionario francés desde sus prolegómenos hasta su culminación imperial. Como tal, estaba profundamente imbuido por estos ideales, tanto que llegó a votar, junto a su hermano mayor Dominique y no sin reticencias, la derogación de los fueros vascos en la noche del 4 de agosto de 1789. Cuando llegó el Imperio, creyó ver en Napoleón la figura que sería capaz de hacer realidad sus aspiraciones. No en vano, el emperador había creado estados de nueva planta a lo largo y ancho de Europa desde antes de su ascenso al trono imperial —en tiempos del Directorio (1794-99) reorganizó prácticamente sin oposición el mapa política italiano—, lo que animó a Garat a proponerle la constitución de un estado vasco adherido al Imperio. La idea pareció atractiva a Napoleón, que solicitó a Garat que profundizara en ello, fruto de lo cual resultó un extenso informe sobre los vascos y otros pueblos antiguos de España, pero para entonces el rumbo de la guerra le aconsejó un control directo de los territorios situados entre el Ebro y los Pirineos.
Con fecha 8 de febrero de 1810, un decreto imperial desgajó unilateralmente estos territorios de los dominios de José Bonaparte, cuyas protestas no lograron revertir la decisión. Se formaron cuatro gobiernos —Vizcaya, Navarra, Aragón y Cataluña—, cuyos responsables, todos ellos militares, respondían directamente ante París, rompiendo toda vinculación con la España josefina, formando una especie de administraciones transitorias que en el caso catalán derivaron en la anexión (1812). La derrota napoleónica truncó estos designios, retornando la situación al estatus quo anterior a 1807.