Los derechos de los consumidores: progresos, riesgos y remedios
Patxi JUARISTI
Traducción: Koro GARMENDIA IARTZA
Jatorrizko bertsioa euskaraz
El ámbito de los derechos de los consumidores del Estado español ha recorrido un largo trayecto: de una situación en la que los consumidores carecían de toda protección legal, hemos pasado a una pluralidad de medidas, normas y protocolos tendentes a asegurar un consumo seguro. Esta evolución, además, se ha producido en poco tiempo, concretamente en los últimos 30 años del siglo XX. Lo cierto es que, habida cuenta de todos los pasos que se han dado y del actual nivel de protección de los consumidores, tres décadas tampoco son tanto tiempo.
En mi opinión, el punto de inflexión tuvo lugar en la década de los 70 del siglo XX, cuando surgieron la sociedad de consumo, una cierta conciencia de los consumidores, así como los primeros movimientos de los mismos.
Desde entonces, se han dado múltiples y efectivos pasos en aras de proteger a los consumidores, por lo que la situación de los consumidores vascos y españoles de principios del siglo XXI nada tiene que ver con la existente en la década de los 70. Los consumidores y usuarios actuales gozan de una buena protección jurídica, dado que se les reconocen, entre otros, los siguientes siete derechos:
1. Derecho a la salud y a la seguridad
2. Derecho a la protección de los intereses sociales y económicos
3. Derecho a recibir información
4. Derecho a la educación y a la preparación al consumo
5. Derecho a la representación, consulta y participación
6. Derecho a la protección de las minorías y desamparados
7. Derecho a la tutela judicial y a la subsanación de los daños
Al tiempo que las leyes y normas proliferaban, los compradores han fundado, con el objeto de hacer frente a los abusos del mercado, asociaciones de consumidores y usuarios, que paulatinamente han ido multiplicando y reforzándose, precisamente por ser cada vez más eficaces y, en consecuencia, contar con la confianza de los consumidores. En este sentido, cabe recordar que el 62% de los españoles (2004) confía en este tipo de asociaciones, cuando a principios de los 90 lo hacía sólo el 14% de los españoles; es decir, que el porcentaje de españoles que deposita su confianza en las asociaciones de consumidores ha crecido, en una década, en un 77%. Además, según un estudio realizado en el año 2004 por el INC, el 68% de la población española aseguraba conocer las instituciones y asociaciones protectoras de los derechos de los consumidores.
Tanto desde el punto de vista legal como organizativo, los consumidores del Estado nunca han gozado de una protección como la actual. En cualquier caso, es innegable que sus derechos se vulneran con mucha frecuencia. La sociedad de consumo inventa y emplea miles de artimañas para jugar con nuestra psicología y regir nuestras actitudes consumistas. Y consigue su objetivo. Las marcas, la publicidad, las rebajas, el aspecto de los productos, la organización de las tiendas y del espacio, así como los precios, suelen estar muy estudiados, con el fin de llevar al consumidor por la senda que desean. Pero, con tal proceder, además de avivar nuestros deseos consumistas, muchas veces vulneran nuestros derechos: se fabrican productos peligrosos para nuestra salud y seguridad, no se entregan las facturas de compra, se imprimen falsas etiquetas a los productos, se realiza publicidad ilegal, y se ocultan los precios, pesos o medidas de los productos. A no pocas empresas productoras y distribuidoras poco les importa que nuestros derechos se vean vulnerados, si con ello consiguen aumentar sus ventas. Los siete derechos anteriormente mencionados suelen quedar muchas veces en el aire.
De todos modos, también los consumidores tenemos parte de la culpa en la vulneración de nuestros derechos; no sólo la tienen los productores, distribuidores, instituciones y expertos en marketing. Los consumidores no nos ocupamos como es debido de proteger nuestros derechos. Además, la mayoría de los consumidores apenas se informa sobre los pasos a seguir ante una infracción.
Según refleja un estudio realizado por el INC en el año 2004, tres de cada cuatro españoles declaraban tener poca información sobre los derechos que ostentan en calidad de consumidores; sólo el 23% de los consumidores aseguraba estar bien informado. Además, el 57% de los consumidores no presentaba ninguna reclamación al encontrarse ante un problema, por considerar engorroso el procedimiento a seguir, y el 47% declaraba desconocer dónde presentar una reclamación. De nada sirve pedir a las instituciones normas, leyes y medidas para proteger a los consumidores, si luego no somos capaces de aplicarlas como es debido.
Tal como se recoge en el informe publicado en el 2002 por la Unión Europea en torno al Seguimiento al Libro Verde sobre la Protección de los Consumidores en la Unión Europea, ésta se ha fijado tres objetivos principales para el periodo 2002-2006 en el ámbito del consumo: mejorar el nivel de protección de los consumidores, aplicar debidamente las leyes creadas con el fin de proteger los derechos de los consumidores, y garantizar la participación de las asociaciones de los consumidores en las políticas de la Unión.
Del mismo modo, y tal y como se recoge en el Libro Verde sobre la Protección de los Consumidores (2001), es necesario unificar las leyes y normas existentes en la Unión Europea para la protección de los consumidores. Se deben aprobar, entre otros, normas generales que regulen la adquisición, procesamiento y empaquetación de los alimentos, puesto que la pluralidad de legislaciones de los Estados miembros dificulta enormemente avanzar con eficacia en la protección de los consumidores.
Considero que todos estos objetivos son fundamentales para alcanzar sociedades más justas y democráticas. Hay que tener en cuenta que los derechos de los consumidores son uno de los pilares de la modernidad y del desarrollo. En efecto, allí donde los consumidores se encuentran desprotegidos, los fraudes con respecto al consumo aumentan, y los derechos humanos se vulneran; sin embargo, cuando los derechos de los consumidores son respetados, las democracias se consolidan, y la calidad de vida mejora. En este sentido, no podemos olvidar lo dispuesto en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar...”.
Este artículo se basa en el libro: Juaristi, P. (2005): Kontsumitzaileen eskubideak. Aurrerapausoak, arriskuak eta konponbideak. Universidad de Deusto, Instituto de Derechos Humanos, Bilbao.
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