Antecedentes

Con frecuencia solemos escuchar que la universidad es una entidad creada por y para la sociedad, con la misión de impartir una enseñanza y llevar a cabo investigaciones de carácter superior. Por tal motivo, en cuanto otros ámbitos y proyectos empezaron a tratar el tema de la calidad, su eco llegó también al sistema universitario.

Pero las iniciativas relativas a la calidad del sistema universitario, en nuestro entorno, han empezado a proliferar hacia finales del siglo XX. Entre ellas, cabe destacar las siguientes:

• El 'Programa Experimental de Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario' (PEXEC) de 1993-94, diseñado por el Consejo de Universidades Españolas.
• El 'Proyecto Piloto Europeo para la Evaluación de la Calidad en la Enseñanza Superior' (1994-95), promovido por la Comisión de las Comunidades Europeas.
• Como consecuencia de la iniciativa anterior, se desarrollaron el PNECU ('Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades') y el 'Plan de Calidad de la UPV/EHU', de la CAV.
• En la actualidad contamos con el 'II Plan de Calidad de las Universidades', vigente para el período 2001-2006.

Dada la extensión y complejidad de los objetivos a alcanzar, la mayoría de estas iniciativas se diseñaron a modo de prueba, por lo que sólo se aplicaron en unas pocas titulaciones. No obstante, el 'II Plan de Calidad de las Universidades' abarca a todas las titulaciones y resulta de obligada aplicación.

Claves de la calidad del sistema universitario
Las claves para acreditar y evaluar la calidad del sistema universitario se determinaron en la polémica Ley Orgánica de Universidades (LOU), que establece lo siguiente: "De ahí que sea objetivo irrenunciable de la Ley la mejora de la calidad del sistema universitario en su conjunto y en todas y cada una de sus vertientes. Se profundiza, por tanto, en la cultura de la evaluación mediante la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y se establecen nuevos mecanismos para el fomento de la excelencia: mejorar un nuevo sistema objetivo y transparente, que garantice el mérito y la capacidad en la selección y el acceso del profesorado, y mejorar, asimismo, la calidad de la gestión, mediante procedimientos que permitirán resolver con agilidad y eficacia las cuestiones de coordinación y administración de la Universidad."

Entre los cambios más relevantes que la LOU introduce con tales fines, cabe destacar los siguientes: a) Contar no sólo con profesores funcionarios, sino también con profesores contratados; b) Dejar la competencia para contratar dichos nuevos profesores en manos de las universidades; c) Crear, con el fin de mejorar la docencia, la investigación y la gestión, agencias que se hagan cargo de evaluar y acreditar las mismas.

Dado que el número de profesores que cada universidad puede contratar por su propia cuenta puede llegar hasta un 49%, es evidente que la adopción de esta medida puede originar importantes cambios en el panorama universitario actual, y más aún teniendo en cuenta que cada comunidad autónoma puede crear su propia agencia de evaluación y acreditación. En cualquier caso, hay que señalar que la habilitación de los funcionarios docentes es competencia exclusiva del Estado, por lo que las autonomías nada pueden hacer al respecto.

Las Agencias para la calidad del sistema universitario
Con anterioridad a la promulgación en el año 2001 de la LOU, Cataluña contaba con una fundación cuya función era la de garantizar la calidad del sistema universitario. Tras una serie de modificaciones, a mediados de marzo del año en curso se ha creado una nueva entidad llamada AQU. Por tanto, bien se puede decir que la de Cataluña es la decana de las agencias del Estado en lo que a la calidad del sistema universitario se refiere.

La LOU, por su parte, determina la creación, para todo el Estado, de la 'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación' (ANECA), que en todo caso respetaría los ámbitos de las agencias autonómicas locales existentes.

En desarrollo de esa ley, el borrador de la Ley de Universidades que en breve será debatido en el Parlamento Vasco, menciona la creación de una 'Agencia de Evaluación y Acreditación de la Calidad del Sistema universitario' para nuestro marco jurídico-político.

Este proyecto de ley asigna un claro objetivo a la agencia en cuestión: 'La evaluación, acreditación y certificación de la calidad en el ámbito de las universidades y de los centros de enseñanza superior radicados en el País Vasco'.

Como objetivos más concretos, se citan los siguientes: 'a) Contribuir a la mejora de la calidad del sistema universitario vasco, en sus aspectos de docencia aprendizaje, investigación y gestión; b) Proporcionar información a la sociedad y a las personas; c) Proporcionar información y criterios a las Administraciones Públicas y a las Universidades en sus procesos de tomas de decisiones.'

Entre las funciones que el proyecto de ley de la CAV atribuye a la Agencia, se encuentran las siguientes: evaluación, comprobación y acreditación de la calidad de los servicios y de la gestión de planes de estudios, programa, docencia e investigación del sistema universitario; la acreditación de méritos de los profesores contratados en la universidad pública; y la acreditación de méritos de la enseñanza e investigación de la universidad pública.

Los retos de la Agencia
A continuación veremos algunos de los retos que tendrá ante sí la mencionada Agencia:

En lo que respecta a la sociedad vasca: El proyecto de ley de la CAV determina lo siguiente: 'La promoción y la garantía de la calidad se orientarán a su adecuación permanente a las demandas sociales...'. Al menos en el marco teórico, queda bien claro que el principal objetivo a alcanzar es la calidad; no obstante, sabemos de antemano cuán contradictorias perspectivas y puntos de vista surgirán en la práctica en torno a estas abstractas intenciones. Por ello, la Agencia tendrá que hacer todo lo posible para que las demandas sociales reciban una respuesta lo más amplia posible que colme las necesidades de una sociedad plural.

Objetividad: Ligado a lo comentado en el punto anterior, la Agencia para la Calidad en vías de creación en la CAV tendrá que definir los criterios de evaluación, certificación y acreditación de la calidad del sistema universitario del modo más objetivo posible.

Autonomía: Para llevar a cabo dicha tarea, deberá contar con una estructura profesional e independiente, por lo que las comisiones que se formen de cara a la evaluación, certificación y acreditación necesariamente tendrán que estar integradas por profesores universitarios e investigadores autónomos de prestigio.

Cooperación: Tal como establece la propuesta de ley de la CAV, la función de promocionar y garantizar la calidad no corresponde sólo a la 'Agencia de Evaluación y Acreditación de la Calidad del Sistema Universitario' en vías de creación, sino también a todas y cada una de las universidades y órganos administrativos competentes en la materia. Por tanto, la Agencia no podrá determinar por su propia cuenta la actuación de otros operadores, y en todo caso deberá actuar con espíritu de colaboración.

Generalidad: Tendrá que adoptar una perspectiva general que englobe a todo el sistema universitario, tanto a la universidad pública como a las privadas, y a las aquí ubicadas como a las externas. En el caso de estas últimas, siempre y cuando realicen alguna aportación científica a la sociedad vasca.

Integración en el entorno: Las actuales misiones científicas sólo se pueden entender en el seno de la Unión Europea y del mundo globalizado, sin dejar por ello de lado el sistema universitario español. Tal como prevé el proyecto de ley de la CAV, será necesario velar de un modo especial por las relaciones con otros sistemas universitarios.