Durante los últimos meses, la Comunidad Autónoma Vasca está dilucidando en torno a la Ley de Universidades, tema sobre el que ya se venía reflexionando con anterioridad. ¿Qué tipo de universidad necesita nuestra sociedad? ¿Qué condiciones públicas se deben establecer para su desarrollo? La universidad tiene encomendada la importante misión de generar y socializar conocimiento avanzado en distintos ámbitos, de dar una respuesta a las necesidades que plantea la sociedad, y no al revés, como algunos parecen considerar.

Universidad de Deusto. Campus de Bilbao.

Las sociedades occidentales avanzadas están introduciendo cambios sociales a una enorme velocidad. Nuestras economías se están adentrando en una cada vez más profunda globalización. Las tecnologías de la comunicación y de la información han traído consigo una mayor desnacionalización y desmaterialización del sistema económico. En la sociedad del conocimiento el valor añadido reside fundamentalmente en el conocimiento. La posibilidad de competir en el panorama internacional la detentan los actores, países y distritos capaces de producir y gestionar conocimiento. Se trata de una realidad que obliga a las empresas y a los trabajadores a introducir importantes cambios. Ahora que el nuevo campo de juego empieza a extenderse al ámbito internacional, los actores económicos, en el caso de querer seguir manteniendo su nivel de competitividad, no tendrán otro remedio que diseñar estructuras altamente flexibles y aceptar el cambio cultural. El carácter del trabajo se va modificando y las condiciones laborales flexibilizando, porque así lo exigen los cambios que afectan a las particularidades sociales en términos de tiempo y espacio. El escenario económico ofrece muy poca estabilidad.

La globalización no sólo afecta a la realidad económica. También incide directa y profundamente en la cultura de nuestra sociedad. Nuestro entorno se presenta cada vez más secularizado y plural en lo que respecta a pertenecer, sentirse y actuar conforme a parámetros individuales o colectivos. Muchos países están tratando de combinar el acuerdo básico social con la inevitable pluralidad. La globalización ubica la construcción social de la realidad cultural dentro del nuevo concepto del espacio y del tiempo. Tenemos ante nosotros dos procesos contrapuestos: por una parte la pluralidad, y por otra la homogeneidad que imponen los actores que más poder ostentan en el sistema económico. En este escenario no hay lugar para los caracteres exclusivos, excluyentes e insostenibles: para poder conservar lo propio, hay que integrarse con los demás.

En buena parte, la globalización económica ha sido la causante de haber sumido en crisis el concepto del Estado nación. El cambio en las estructuras de la sociedad ha convertido la reforma de la estructura política en una urgente necesidad y en un problema. Algunas de las competencias que ostenta el Estado del bienestar podrían ser transferidas a otro tipo de estructuras, mientras que otras empiezan a quedarse en manos de actores privados no políticos presentes en el mercado. Esta situación de incesantes cambios y escasa estabilidad ha provocado que la "crisis" se haya institucionalizado. No se puede olvidar tampoco que este modelo de desarrollo está aumentando las diferencias entre los países ricos y pobres.

Universidad de Deusto. Campus de Donostia.

Las universidades vascas deben amoldarse a este nuevo contexto. Y es que la universidad actual, sea pública o privada, ofrece una imagen muy distante con respecto a la realidad social. Nuestro sistema universitario depende de la estructura política estatal y de sus condiciones normativas. Este sistema se ha caracterizado por su excesiva burocracia y poca flexibilidad. Por otra parte, desde el punto de vista organizativo, es inevitable diferenciar la universidad pública y la privada. La universidad privada se financia fundamentalmente gracias a las matrículas de los alumnos, apenas cuenta con medios para destinar a la investigación, y el descenso de alumnos les obliga a buscar nuevas fuentes de financiación. Todo ello debería obligarles a desplegarse a nuevos ámbitos en investigación y formación. En términos generales, la universidad no esta internacionalizada, sus procesos formativos están limitados a unos períodos concretos, carece de tradición en gestión empresarial, y cuenta con enormes y sólidas estructuras difíciles de mover. El valor añadido de la universidad privada ha estado en la docencia y, al menos por el momento, en su disciplina y seriedad. Pero eso no basta para afrontar el futuro. Tiene que introducir cambios en su estructura, en sus contenidos de investigación y formación y en la gestión. La universidad pública tiene menos problemas financieros, pero exactamente los mismos retos: adentrarse más en la red internacional, ampliar los procesos de formación e investigación, etc. Para ello antes deberá flexibilizar su estructura, lo que presenta serias dificultades en la estructura pública, bastantes más que en la privada. Cuando se habla sobre los cambios a introducir en la universidad, con frecuencia se suelen identificar con cambios en el sistema y en las condiciones de las instituciones públicas. Lo más importante es diferenciar debidamente los dos aspectos. Es necesario cambiar las normas y el sistema, pero la máxima responsabilidad está en manos de los actores que los tienen que llevar a cabo. La clave fundamental del cambio son los recursos humanos de la universidad.

El ámbito de nuestra universidad ya no son ni España ni Euskal Herria, sino Europa y el mundo, por lo que estamos obligados a contar con una diversidad cultural y lingüística. Y la única manera de conservar nuestra cultura y nuestra lengua es integrarse en una realidad más amplia. Las universidades radicadas en Euskal Herria tienen que adaptarse a la nueva realidad que exige crear conocimientos y difundir la formación. Para que el euskera siga progresando, hay que combinarlo con el castellano, con el inglés y con otras cuantas lenguas. El mayor favor que podemos hacerle al euskera es que en la sociedad científica inglesa haya personas que sepan hablarlo.

La función de la universidad consiste en crear conocimientos avanzados y ofrecer procesos de formación. Sin embargo, Euskal Herria tiene una capacidad limitada para crear conocimientos. No podemos crearlos en todos los ámbitos, sino sólo en los que se consideran estratégicos. En este sentido, tampoco puede restringir el proceso formativo a una determinada zona geográfica, ni a una determinada edad. Hay que explorar nuevos mercados y superar los límites existentes en todas aquellas materias en las que podemos ofrecer un valor añadido. Por otra parte, los procesos formativos de los alumnos no se pueden basar exclusivamente en la transmisión del conocimiento y de la información, sino que además hay que inculcarles valores humanos orientados a la formación y al desarrollo de sus capacidades. En una sociedad que cambia a tan increíble velocidad, el estudiante tiene que ser capaz de adaptarse a los nuevos conocimientos y procesos con los que se encontrará durante el proceso de aprendizaje que abarcará toda su vida. Nos encontramos ante un nuevo reto pedagógico consistente en encauzar el significativo y autónomo proceso de aprendizaje del alumno.

Toda esta serie de desafíos requieren asimismo modificaciones desde el punto de vista empresarial. La universidad tiene que ser una empresa competitiva que desarrolle su trabajo con calidad. Tiene que adaptar su estructura a estas funciones. No puede ser una isla en el ámbito de la investigación y la formación, sino que debe superar los límites actuales e integrarse en redes más amplias y trabajar en concordancia con otras universidades y empresas de Europa y del mundo. Además, es importante que esta dinámica se desarrolle en el entorno más próximo, para que las universidades radicadas en Euskal Herria sean tanto productoras del valor añadido como medio de comunicación del valor añadido producido por otras entidades. En lo que respecta a la organización, las universidades pública y privadas deben alcanzar un mayor grado de autonomía y flexibilidad (fundamentalmente en la contratación del profesorado y en la adopción de decisiones para la gestión y formación) y dejar atrás las oxidadas y habituales falta de movilidad y burocracia. Sin embargo, la estructura de la universidad es un medio, no una finalidad, puesto que ésta se traduce en crear conocimientos y preparar a las personas. Ni tan siquiera los títulos constituyen un fin, sino simplemente un exponente.

Es totalmente necesario que las universidades de la Comunidad Autónoma Vasca se orienten hacia la realidad que acabamos de describir. Para ello, tan importantes como las condiciones impuestas por las instituciones públicas son las decisiones que adopten las propias universidades. En tanto en cuanto la universidad siga constituyendo un valor para el desarrollo de la Comunidad Autónoma Vasca, el Gobierno Vasco tendrá que hacer uso de las competencias y asegurar la continuidad de la misma. Cierto que no tiene la capacidad de condicionar de un Estado, pero en la medida de lo posible debería darles un impulso y establecer condiciones para que las universidades vascas actúen de una forma más coordinada y sean capaces de hacer frente a los retos que tienen ante sí: fijar condiciones legales para que las universidades cuenten con nuevas fuentes de financiación, adoptar medidas legales orientadas a flexibilizar la gestión de las universidades, favorecer la colaboración entre distintas entidades y universidades en aquellas materias que tengan un valor estratégico para Euskal Herria, fomentar la integración internacional, ayudar en el diseño del plan estratégico de recursos humanos para la evolución de Euskal Herria, etc. La Comunidad Autónoma Vasca necesita una ley universitaria que nos acerque a esta realidad. Una ley que flexibilice los procesos de gestión universitaria, que permita integrarse en el escenario internacional y que establezca unas condiciones para garantizar la calidad de los conocimientos y de los procesos de formación. Tanto el sistema universitario vasco como su correspondiente ley deberían respetar la autonomía de cada universidad, pero siempre y cuando para la consecución de sus objetivos resulte necesario contar con financiación pública, las entidades públicas estarán obligadas a asegurar el buen uso de la misma.