El debate sobre el futuro de la política regional para el período de programación 2007-2013 ya está abierto desde que en enero de 2001 la Comisión europea publicara el segundo informe de la cohesión europea y un año más tarde el primer informe intermedio, con la finalidad de conocer la evolución de la cohesión económica y social tanto en el seno de la Unión Europea (UE) como en el escenario de la Europa ampliada; y poder, en consecuencia, adecuar la política regional europea a los nuevos retos que se le imponen.

De ambos informes se desprenden datos elocuentes sobre los nuevos parámetros en los que se ubicará la política de cohesión comunitaria tras el actual periodo de programación 2000-2006 en una Unión Europea de 25 o 27 Estados miembros. Así, con la ampliación a 27 Estados, la UE incrementará su superficie en un 34%, su población en un 28% alcanzando unos 500 millones de habitantes, el PIB medio comunitario se incrementará en un 5%, la renta media per cápita descenderá en un 18%, se duplicarán las disparidades regionales y nacionales de renta per cápita, se elevará de un sexto a un tercio la población comunitaria que viva en estados con una renta per cápita inferior a la media comunitaria y las regiones más pobres contarán con una renta per cápita del 31% de la media comunitaria frente al 61% actual.

Este escenario parece cumplirse. De hecho, recientemente la Comisión ha propuesto que la adhesión de la República Checa, Chipre, Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Estonia y Hungría sea efectiva a principios de 2004 y la de Rumania y Bulgaria en 2007. Sin embargo, la ampliación prevista para 2004 no supondrá grandes trastornos en el actual reparto de los fondos estructurales y de cohesión, dado que este acontecimiento ya estaba previsto al negociarse el paquete financiero 2000-2006.

Ante esta nueva situación, parece que se están alzando voces por parte de algunos estados para que se renacionalice la política de cohesión comunitaria y cada uno venga a pagar más o menos sus propios gastos. Frente a esta tesis, la Comisión europea defiende con fuerza la necesidad de que la Unión Europea cuente con una verdadera y consistente política de solidaridad, ya que las disparidades que se producirán no tienen precedente. De aquí que la Comisión haga hincapié en el valor añadido que supone la intervención comunitaria con relación a los esfuerzos que deban realizarse igualmente a nivel estatal o regional, dado que a través de la acción de los fondos estructurales y de cohesión se podrán desarrollar unas directrices europeas comunes con el objetivo de alcanzar un desarrollo integrado y armonioso del conjunto de la UE. Este valor añadido europeo se ve asimismo claramente reflejado en los proyectos interregionales de intercambios de experiencias y de desarrollo de proyectos comunes. Igualmente se reconoce el valor de las acciones promovidas por los fondos estructurales y de cohesión por dar visibilidad a la UE y acercarla a los ciudadanos

Dado que el quid de la cuestión está en el aspecto financiero, las negociaciones a este respecto se pospondrán probablemente hasta los años 2005 y 2006. En cualquier caso, el comisario de política regional, Michel Barnier, ya ha expresado claramente que al menos se deberán destinar los mismos recursos financieros que en la actualidad, es decir, el 0'45% del PIB de la UE. Dada la magnitud de las necesidades que se presentan, parece que Barnier pueda proponer un incremento presupuestario para la política regional, de forma que se convierta en la política comunitaria de mayor gasto, desplazando así a la política agrícola común de su posición financiera privilegiada. Sin embargo, ésta no va a ser una tarea fácil, dado que los países que más contribuyen al presupuesto comunitario no defienden esta postura.

Bilbao: renovación del centro de la ciudad con ayuda del plan URBAN. Fotografía: Audiovisual Library of the European Commision

En todo caso lo que sí está claro es que se reforzará la aplicación del principio de concentración. De este modo, los recursos financieros habrán de destinarse fundamentalmente a las regiones más pobres, que se encuentran de forma mayoritaria en los países de adhesión. Y además es probable que el criterio de elegibilidad para estas regiones sea el mismo que el del actual objetivo nº 1, es decir, estar por debajo del 75% de la renta comunitaria. Ello supondrá que, ante las nuevas circunstancias, un número importante de regiones dejen de beneficiarse de las ayudas del objetivo nº 1 por sobrepasar el techo del 75%. Las consecuencias de este fenómeno estadístico también es probable que reciban un tratamiento especialmente favorable en el futuro.

Al mismo tiempo, se reconoce la necesidad de que la política regional europea siga actuando en regiones como las actuales objetivo nº 2 que sufren problemas de carácter industrial, urbano, rural o de accesibilidad permanente, como es el caso de las montañas o de las islas. Pero dada la escasez de recursos disponibles para las intervenciones estructurales fuera de las regiones más pobres, se prevé que éstas estén más concentradas tanto territorial como temáticamente, pudiéndose seguir un modelo similar al de la iniciativa URBAN para el desarrollo sostenible de las ciudades y barrios o al de la iniciativa LEADER + para el desarrollo rural.

	Antwerp (Bélgica). Centro de llamadas que facilita trabajo a inmigrantes con ayuda del plan URBAN. Fotografía: Audiovisual Library of the European Commision

Asimismo, se constata la enorme importancia de seguir impulsando la cooperación transfronteriza e interregional entre los distintos territorios europeos de forma que el trabajo en común y el intercambio de experiencias reviertan en el fortalecimiento de la cohesión económica y territorial del conjunto de la UE. En consecuencia, parece más que probable que se conceda una mayor atención a los proyectos de cooperación entre distintas regiones europeas en la línea de las acciones llevadas a cabo en el marco de la vigente iniciativa INTERREG III.

La Comisión también considera de gran utilidad el pequeño margen que se contempla en los fondos estructurales (0,40%) para la financiación de acciones innovadoras en las distintas regiones, ya que los resultados de estos proyectos son altamente satisfactorios y además le concede un gran valor a la relación directa que se produce en este tipo de proyectos entre la propia Comisión y las regiones afectadas. Así que cabe suponer que exista una continuidad en el futuro de las acciones innovadoras, aunque no se perfila todavía de qué forma.

En cualquier caso, el discurso de la Comisión insiste en que los fondos estructurales se centrarán fundamentalmente en la cofinanciación de inversiones en recursos humanos, en innovación y en inversiones productivas. La cofinanciación de grandes infraestructuras de transporte y medio ambiente se prevén únicamente a través del Fondo de Cohesión, que no parece vaya a experimentar modificaciones sustanciales y, por lo tanto, sólo podrán ser beneficiarios de este fondo los Estados más pobres de la UE.

De cara a mejorar la eficacia en la utilización y la gestión de los fondos estructurales tras 2006, se está empezando a barajar la idea de utilizar la figura del contrato tripartito entre la Comisión, el Estado y la región, instrumento propuesto por la Comisión en su Libro Blanco "La gobernanza europea". El contrato tripartito permitiría que las partes implicadas directamente pudieran participar en pie de igualdad en las intervenciones estructurales con un reparto de tareas organizado de común. Así se evitaría al mismo tiempo que se repitieran situaciones como las que se han producido de forma generalizada únicamente en el Estado español, al impedir que las Comunidades Autónomas se constituyeran en las autoridades de gestión de los programas regionales que les afectan. En las negociaciones del actual período de programación 2000-2006 de los fondos estructurales la Comisión europea propuso y defendió que las autoridades de gestión de los programas regionales fueran las propias regiones. Finalmente esta propuesta quedó abierta también a los gobiernos centrales. Cabe señalar que en el conjunto de la UE en la actualidad, y salvo contadas excepciones, el gobierno central español, en concreto el Ministerio de Economía, es el único gobierno central que se instituye sistemáticamente como la autoridad de gestión en todos los programas regionales e iniciativas comunitarias que afectan directamente a las Comunidades Autónomas.

Por otro lado, se seguirá haciendo hincapié en la importancia del principio de asociación y la consiguiente implicación no sólo de la Comisión europea, el Estado miembro y las regiones sino también de las autoridades locales, los interlocutores sociales, económicos y de la sociedad civil de los territorios en cuestión.

Continuarán asimismo los trabajos para una mayor simplificación administrativa en la adopción, gestión y control de las intervenciones estructurales. A pesar de que la simplificación fuera otro de los objetivos de la anterior reforma de la política regional, parece que no se han producido los resultados esperados y, en consecuencia, se tratará de reducir la carga administrativa de cara al futuro. No obstante, ésta no parece ser una tarea fácil, ya que una mayor descentralización de la gestión de los fondos por parte de Bruselas supone, a su vez, un refuerzo del control del gasto por parte de la Comisión. De aquí que se sigan buscando las formas para poder garantizar el equilibrio entre la descentralización y el control del gasto simplificando, a su vez, la tramitación de las intervenciones estructurales.

Éstos son a grandes rasgos algunos de los asuntos más importantes que serán objeto de la reforma de la política regional europea para el período de programación 2007-2013 y a los que la Comisión europea habrá de dar respuesta al presentar sus propuestas concretas. Para ello, la Comisión tendrá en cuenta las contribuciones realizadas por parte de los distintos agentes implicados, así como los últimos datos sobre la evolución de la cohesión en Europa recogidos en el segundo informe intermedio que se publicará en enero de 2003 y en el tercer informe de la cohesión previsto para finales de 2003. Junto con este tercer informe de la cohesión, la Comisión presentará oficialmente sus propuestas de reforma con las que se abrirá un largo y difícil proceso de negociaciones para la aprobación de los nuevos reglamentos de los fondos estructurales y de cohesión.

Con la presentación a finales de 2003 de las propuestas de Reglamento de los fondos estructurales y de cohesión que serán aplicables a partir de 2007, la Comisión pretende adelantar el trabajo de lo que ya se anticipa como un proceso de aprobación complicado. Todos los que hasta el momento han sido beneficiarios de los fondos de la política regional europea desean seguir recibiendo la asistencia financiera de los fondos estructurales, en un contexto en el que las necesidades de financiación en términos de solidaridad crecen desproporcionadamente con relación a los recursos financieros disponibles. Precisamente por ello, no se presenta nada fácil la tarea de alcanzar un acuerdo que complazca a todas las partes, ya que algunos Estados se muestran desde ahora reticentes a aumentar la contribución financiera destinada a la política regional europea. En cualquier caso, lo que está claro es que la prioridad continuará siendo el apoyo a las regiones más pobres y, en consecuencia, el centro de actuación de la política regional europea se desplazará hacia el Este. Así pues, simplemente por una mera falta de medios, parece más que probable que la presencia de los fondos estructurales y de cohesión en el resto de las regiones europeas sea más restringida y de acceso más difícil que en el periodo actual.