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Los cambios sufridos en las relaciones laborales o en los vínculos sociales han creado nuevos desafíos en torno al Estado del Bienestar, ante los que se están planteando respuestas nuevas y diferentes en los últimos años. Estas respuestas se están estructurando en gran medida según la cultura política o las características internas de los distintos países. Así, y siguiendo las teorías clásicas del Estado del Bienestar, se pueden destacar tres modelos. Según los expertos —Esping-Andersen, Titmuss o Ferrera—, se pueden distinguir tres Estados deL Bienestar. El primero es el que se da en los países anglosajones, en los que los derechos sociales no están muy desarrollados y se ofrecen sobre todo para quienes más los necesitan (modelo liberal). El segundo sería el Estado del Bienestar que se ha desarrollado en los países escandinavos, en los que los derechos sociales son amplios y universales y se basan en los impuestos (modelo socialdemócrata). Por último, tendríamos al que se ha desarrollado en la Europa continental, donde los derechos sociales más importantes se conforman según la cotización realizada por los trabajadores a la seguridad social (modelo continental). Siguiendo esta clasificación, también son tres las respuestas que se están dando en la actualidad: el programa workfare basado en el modelo liberal, la activación que parte del modelo socialdemócrata y sus políticas activas de empleo y, por último, lo que se viene desarrollando estos últimos años en el sur y el centro de Europa, el modelo de los ingresos mínimos o de la renta mínima.
En cuanto al primero, el modelo workfare o welfare to work se ha desarrollado en Estados Unidos y Reino Unido, especialmente a partir de la década de los 90. Este concepto lo podemos traducir como el paso del bienestar al empleo y gracias al mismo se ha realizado una reforma en las ayudas económicas para los desempleados. El objetivo del modelo workfare es reducir el coste de las ayudas económicas y devolver a los desempleados al mercado de trabajo cuanto antes, para lo que ha puesto en marcha distintas medidas. Por una parte, se ha reducido el grupo de los que tienen derecho a recibir ayudas económicas, con un programa de ayudas que se centra sobre todo en las familias con hijos. Por otra parte, para poder recibir la ayuda económica hay que aceptar cualquier empleo y el beneficiario tiene que aceptar cualquier trabajo o curso de formación que se le ofrezca, si no hay distintas sanciones previstas, como disminuir el dinero que se recibe o quedarse fuera del programa temporal o definitivamente. Así, quien reciba ayudas económicas durante dos años seguidos o durante cinco años en total, también se quedará fuera del programa. Además de estas medidas, se han puesto en marcha incentivos fiscales para las familias con sueldo mínimo e hijos tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, aunque en este último la reforma ha sido más difusa. Mirando los resultados, el número de beneficiarios que reciben ayudas sociales ha bajado muchísimo, sobre todo en Estados Unidos y también se ha notado mucho el aumento del empleo. Sin embargo, el índice de pobreza apenas ha bajado y el pobre que antes recibía ayudas económicas ahora trabaja, pero sigue siendo pobre —working poor—. Además, es difícil decir hasta qué punto el aumento del empleo se debe a la reforma o al contexto económico. En relación a esto, no podemos negar que esta reforma ha tenido éxito con los desempleados que tenían pocos problemas, pero la mayoría de los que estaban en peor situación siguen sin trabajo y marginados. Además habrá que esperar a ver qué ocurre a medio y largo plazo con los beneficiarios de las ayudas económicas que han sido sancionados, ya que la mayoría se quedará fuera de la última protección del Estado del Bienestar.
Foto: René Ehrhardt.
http://www.flickr.com/photos/rene_ehrhardt/2488059144/
El segundo modelo es el que tiene una política de empleo más activa, en este caso este modelo sería el complemento a las políticas pasivas de empleo. De este modo, además de asegurar los ingresos de los desempleados, destaca que hay que tomar otras medidas para conseguir trabajo. Entre ellas se incluirían, por ejemplo, formación, promoción del empleo o empleos protegidos creados al amparo del sector público. Como hemos dicho, la Unión Europea cada vez presta más atención a estas medidas y, por lo tanto, han vivido un aumento importante en los últimos años, muy patente en el centro y el norte de Europa y algo menos en el sur. En cuanto al estado, las políticas activas de empleo más importantes, sobre todo con respecto a los gastos, se dan a través del Instituto Nacional de Empleo, a pesar de que esta competencia es específica de las comunidades autónomas, con una excepción: en la Comunidad Autónoma Vasca esta competencia no está transferida y es un tema complicado que aparece a menudo en los medios de comunicación. En general, la mayoría de los estudios realizados destacan la debilidad de los resultados. Los gastos realizados por la Unión Europea en los últimos años han sido muy altos, pero los resultados no han estado a la altura. Además, y como en el caso anterior, estas medidas son de ayuda para los desempleados que están en mejores condiciones, pero para los que tiene problemas y carestías graves no son tan útiles.
Y para terminar con los tres modelos mencionados, hablaremos del modelo de ingresos mínimos. El objetivo principal de la renta mínima es garantizar unos ingresos mínimos para quienes no tiene la protección de la Seguridad Social, así que podría considerarse como la última red de protección del Estado del Bienestar. Desde finales de los 80. esta medida cada vez tiene más importancia y la recibe más gente debido a la expansión de la exclusión social y la precariedad. Al contrario que en los estados más desarrollados de Europa, las rentas han evolucionado muy poco en el Estado español, a excepción de la CAV, Navarra, Madrid, Cataluña o Asturias, en el resto de las comunidades la evolución ha sido muy débil. Un ejemplo significativo es la Renta Básica de la CAV, que por sí misma supone un tercio solamente de los gastos de renta del Estado. Para terminar con la explicación de este modelo, se podría decir que en los últimos años, junto al impulso de la Unión Europea, se están cruzando de alguna manera las políticas activas de empleo con las rentas mínimas, estrechando su relación.
Resumiendo, podemos decir que todos los modelos, cada uno con sus particularidades, ven el empleo como la solución principal para hacer frente a las carencias que está sufriendo el Estado del Bienestar, ya que en los tres modelos destaca la apuesta a favor de conseguir trabajo. Pero, de igual manera, los tres modelos aceptan, de forma implícita o explícita, que para garantizar la ciudadanía hay que garantizar algunos ingresos mínimos, al margen del mercado laboral, y que para ello es imprescindible el papel del Estado o de cualquier administración. En este sentido, incluso el modelo workfare, que es el que apuesta más fuerte por el empleo, ofrece algunas ayudas económicas en última instancia para los que padecen precariedad y exclusión social, tanto directa como indirectamente. El futuro del Estado del Bienestar y el desafío principal se basan en esa contradicción: ¿el empleo puede ser la base de la ciudadanía? Con la inclinación hacia la precariedad que sufren en la actualidad el empleo y el mercado laboral, ¿es un objetivo realista? Lo que está claro es que con las distintas reformas el número de personas empleadas ha mejorado, pero en muchas ocasiones esto no ha supuesto una mejora en el nivel de vida de esas personas. Es más, no se puede pasar por alto que entre quienes padecen carencias, aparte de los desempleados, hay otros colectivos para los que la salida de encontrar trabajo es un camino estéril en la mayoría de los casos. Esto es precisamente a lo que el Estado del Bienestar tendrá que responder en el futuro, de forma adecuada y teniendo en cuenta los factores y características principales de la sociedad actual.
