Hasta
bien entrado el siglo XIX el transporte y comercio marítimos
y, sobre todo, la pesca constituyeron los soportes económicos
principales de la comarca de Castro Urdiales. Un poco por detrás
en la escala, pero también como una actividad destacada,
la fabricación de hierro dulce a través de las tradicionales
ferrerías estuvo muy presente durante siglos en los ríos
y valles más orientales de su jurisdicción. Ferrerías
castreñas que fueron, y sin razón de discontinuidad
geográfica, una prolongación de las encartadas vizcaínas.
En los últimos siglos medievales, abandonados definitivamente
los procedimientos masuqueros, comenzaron a instalarse en las orillas
de los ríos en busca de la revolucionaria energía
hidráulica; aunque no fue hasta el siglo XVI cuando empezaron
a tener un significado económicamente importante al amparo
del notable incremento de la demanda de hierro para la construcción
naval, armas, aperos de labranza y exportación en barras.
Funcionaron con los mismos principios técnicos que sus hermanas
y vecinas vascas, valiéndose de la cercanía minera
del rico venero de Somorrostro. Y, además, se rigieron por
las ordenanzas y leyes propias del Señorío de Vizcaya,
al igual que otras de diferentes comarcas cántabras.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE FERRERÍAS
EN LA JURISDICCIÓN DE CASTRO URDIALES
VALLES Y
CONCEJOS |
S. XV |
S. XVI |
S. XVII |
1725 |
1779 |
1845 |
Agüera |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
Otañes |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
5 |
Sámano |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Santullán |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
Fuente: Ceballos (2001), Corbera
(2001) y Ojeda (90/91). |
Las ferrerías de Castro Urdiales, siguiendo las mismas pautas
de las vascongadas, después de atravesar un funesto siglo
XVII, parece que conocieron un período de expansión
durante los setenta primeros años del XVIII. Luego, y ahora
a diferencia de los ocurrido en el País Vasco, prolongaron
el desarrollo hasta casi finales del Setecientos; muy probablemente
gracias a las muchas desgravaciones recibidas de la Corona. Sin
embargo, en aquellos años la siderurgia tradicional castreña
comenzó a notar serios llamamientos de alerta: falta acusada
de agua, que las hacía funcionar únicamente en invierno;
y, sobre todo, la falta de carbón vegetal.
Las anteriores apreciaciones, con ser ciertas, en realidad no hacen
más que apuntar el verdadero problema por el que atravesaban
todas las ferrerías de la Cornisa Cantábrica: el desfase
técnico cada vez más grande en los métodos
de fabricación con respecto a la Europa más desarrollada,
y los paulatinamente más acusados costes de producción.
Las ferrerías castreñas, lo mismo que sus vecinas
de Vizcaya, además empezaron a sufrir un encorsetamiento
de sus tradicionales mercados siderúrgicos hispanos, y perdían
competitividad frente a muchas de las más pujante siderurgias
de más allá de los Pirineos. Mal que bien, aguantaron
hasta mediados del siglo XIX; pero, para el año 1875, en
poco más de un cuarto de centuria, acabaron desapareciendo
definitivamente.
Dentro del partido o jurisdicción de la villa de Castro
Urdiales, las ferrerías se encontraban repartidas en tres
núcleos: la Junta de Sámano, Valle de Otañes
y Agüera. En el primer caso a orillas de la ría de Brazomar,
poco antes de llegar las aguas a la playa de Castro. Las del Valle
de Otañes en las márgenes del angosto riachuelo de
Mioño. Y las de Agüera, sobre el río del mismo
nombre, al punto de abandonar Trucíos para penetrar en el
Valle de Guriezo. Todas, excepto en años abundantes de lluvias,
estaban catalogadas como aguacheras. Por carros, y las más
de las veces con barcos venaqueros (pataches y quechemarines) se
abastecían del cercanísimo mineral vizcaíno
del Monte de Triano, valiéndose de las pleamares de la pequeña
ría de Brazomar. Con los años, sobre todo a partir
del siglo XVIII y cuando los conflictos bélicos obligaron
a ello, llegaron a utilizar, casi siempre mezclado en pequeñas
proporciones, el mineral de algunos yacimientos locales de Mioño
y Ontón.

El combustible de las ferrerías castreñas, y este
será el principal tema a abordar en este pequeño trabajo,
mayoritariamente provenía de las leñas convertidas
en carbón de los montes de la jurisdicción. Pues,
lo mismo que en el territorio vizcaíno, los dueños
de las ferrerías locales tuvieron siempre prioridad a la
hora de adquirir los montazgos vendidos por las juntas y concejos.
Pero la verdad es que los titulares o arrendatarios de las ferrerías
sufrieron problemas muy graves a la hora conseguir combustible,
ya que sobre todo en el siglo XVIII la demanda de carbón
creció mucho más rápidamente que la oferta.
Como veremos, a pesar de la legislación proteccionista en
materia de bosques y acopio ferrón, la madera siempre fue
un bien escaso.
Las juntas y concejos vecinales estaban obligados a dar, una vez
satisfechas sus necesidades de foguerío, leña a las
ferrerías radicadas en su territorio, las llamadas "dotaciones",
a un precio fijado por la costumbre, tal como señalaban las
ordenanzas del Señorío de Vizcaya. Los ferrones, a
su vez, se veían en la obligación de pagar en metálico
y por adelantado, junto con el coste del acarreo de la madera, el
precio estipulado a las comunidades de vecinos. En las "Cuatro
Villas de la Costa" se sancionó en el año 1656
un compendio de "ordenanzas de montes" que desarrolló
más en detalle aquel derecho de dotación de las ferrerías.
Establecía que las leñas dedicadas al carboneo debían
ser preferentemente las muertas y rodadas. Solamente si este procedimiento
fallaba se podía recurrir, previa licencia de la autoridades
y vigilancia de peritos, a la poda y entresaca de árboles
inútiles; pero prohibiendo el viejo sistema vizcaíno
del trasmochado. Aunque los ferrones, por razón de rendimientos,
preferían las leñas de roble y encina, las ordenanzas
se inclinaban más por el uso de hayas y otros tipos distintos
de árboles. Las zonas y términos de los montes objeto
de la dotación no podían ser utilizados de nuevo hasta
transcurrido un plazo de diez años. Incluso, si se habían
cortado árboles por el pié, había obligación
estricta de replantar. Todas estas normativas fueron nuevamente
sancionadas por las Ordenanzas de Montes del año 1748, y
se mantuvieron en vigor, lógicamente con algunos vaivenes
en razón del momento político, hasta el año
1851.
Estamos ante una legislación que, aunque típicamente
antiguorregimental y por ello a veces de complicada interpretación,
era esencialmente proteccionista con el bosque, pero a la vez tolerante
con los intereses de las ferrerías. Precisamente esta especie
de contradicción y los dispares intereses que se generaban
en torno a las leñas, ocasionaron siempre problemas muy serios
a los ferrones. Especialmente visible a partir de los primeros años
del Siglo de las Luces, la inelasticidad de la oferta maderera provocó
una larguísima oleada de enfrentamientos entre todos los
agentes interesados en el aprovechamiento del bosque. En muchas
ocasiones los pueblos, argumentando necesidades propias, se negaban,
directamente o a través de prácticas ocultas, a entregar
la leña de las dotaciones a los ferrones, con el objetivo
de buscar ingresos más suculentos con la venta a otras ferrerías
competidoras de fuera de la jurisdicción. Por su parte, los
ferrones, que querían aprovechar la buena coyuntura
de un mercado en expansión, tuvieron que luchar constantemente
por garantizarse la leña de las dotaciones y buscar, con
la real amenaza de una subida en el precio del combustible (1),
leña en otros montes comunales y privados.
Este es el ambiente, bien detectado en otros trabajos de muchas
comarcas vascas y cántabras, que intentaremos ahora desarrollar
en el caso castreño, y lo haremos con un seguimiento sistemático
de las escrituras de los protocolos notariales de la Villa, hoy
en día depositados en el Archivo Histórico de Cantabria.
Siempre en pequeñas proporciones, los propios campesinos
de la comarca se solían dedicar en algunas épocas
del año a la elaboración de carbón para su
propio consumo o por encargo de algún ferrón. Este
el caso de tres vecinos del Valle de Otañes, que en el año
1691 se obligaron por escritura notarial a cocer 140
cargas de leña en "do dicen la encina corcha"
para las ferrerías de la Junta de Sámano "pena
de que lo contrario queremos ser executados y además de las
costas y daño le pagaremos los intereses del fuero de herrerías,
que en semejantes casos se acostumbra..."
(2). O, casi dos siglos
después, cuando el samaniego Manuel de Ugarte se comprometía
a cocer 20 cargas para la ferrería de Santullán en
el año 1844 (3).
Ahora bien, cuando el carbón a trabajar era ya de un considerable
volumen y tamaño los ferrones contrataban a cuadrillas especializadas
de carboneros. Y en la mayoría de las ocasiones artesanos
provenientes del País Vasco. Aunque no abundan las escrituras
que recojan contratos de este tipo hemos podido detectar algunos:
por 550 reales una cudrilla de 5 vecinos del Valle
de Arcentales, cuatro de ellos familiares directos, se comprometía
a cocer casi 400 cargas de carbón para la ferrería
de "Don Bergón" en el monte de
Uzcanillo de Sámano en 1658 (4);
36 años después otro grupo de carboneros del mismo
Arcentales cocía 490 cargas en el monte de
Armanza para la ferrería de Don Bautista Talledo (5);
y, en 1796, varios vecinos de la "Anteiglesia de Luno"
en Guernica trabajaban en el carboneo en diferentes puntos del Valle
de Otañes (6). La
presencia de carboneros vascos se convirtió el algo muy habitual
en el resto del territorio de la actual Comunidad de Cantabria.
García Alonso, en un pequeño trabajo de carácter
etnográfico, ha señalado que "Los
mismos apellidos de algunos de estos carboneros, que son los mismos
que encontramos en documentación del siglo XIX, son de clara
procedencia euskalduna" (7),
lo mismo que muchos de los términos técnicos de la
actividad.
En la mayor parte de los casos, las podas y sacas de leña
se hacían entre los meses de enero y marzo. Hasta mayo o
junio se dejaba secar, momento en que se hacían cortes más
pequeños para disponer de trozos más manejables. Hasta
el mes de septiembre u octubre seguían en proceso de secado,
y a partir de entonces tenía lugar ya la cocción del
carbón por el procedimiento vasco de la "hacina alta"
o de las piras.
Pero, sin lugar a dudas, nuestros documentos notariales recogen
sobre todo el "sin fin" de enfrentamientos ocasionados
por la fuerte competencia que a partir del siglo XVIII se produjo
entre los diferentes agentes interesados en el aprovechamientos
de las leñas en los montes, particularmente entre campesinos
y ferrones, y entre ferrones y ferrerías vecinas, consecuencia
directa de la escasez de la materia prima. Las ferrerías
de Agüera, las más alejadas de la villa de Castro, pero
dentro de su jurisdicción, tuvieron siempre multitud de enfrentamientos
con otras ferrerías de Trucíos. Pongamos algunos ejemplos.
En el año 1756 "Joseph Venito de
Zarauz y Dn. Antonio de Otañes, ferrones en dho lugar de
Agüera" se opusieron por vía judicial a la
saca de carbón que hizo el clérigo Francisco Clemente
de Unero desde sus propios montes para abastecer a una ferrería
próxima de Trucíos (8).
Diez años después "ante el Señor Ministro
Ordenador de Montes" presentaron recurso
los administradores de las ferrerías de "El Perujo"
y "La Soledad" para que se les reconociese el derecho
de dotación sobre los montes comunales de "Fuente
Bosa y la Peña" y los vecinos de Agüera no
vendieran leña a otros ferrones de Trucíos (9).
Muchos y constantes enfrentamientos tuvieron lugar en el Valle
de Otañes, en donde más número de ferrerías
llegaron a funcionar, entre la casa nobiliar del mismo nombre, amparada
en todas las legislaciones de montes y sobremanera en el "Derecho
y Leyes del Fuero de Vizcaya", y el vecindario. Hasta que finalmente
en el año 1768 los "dueños en propiedad, posesión
y dominio de las ferrerías tituladas la Cabrera y la de Debajo
de la Peña y el Nocedal" consiguieron
por escrito un despacho del Comisario Ordenador de la Provincia
en el que explícitamente se reconocía su derecho de
dotación sobre el Valle "para que los regidores entregasen
la leña a los precios corrientes acostumbrados"
(10). Pero, sobre todo,
la lucha más encarnizada la tuvieron los ferrones de Otañes
con el Concejo de Ontón. En un primer pleitio los regidores
de la pequeña aldea consiguieron en la
Valladolid en el año 1725 el reconocimiento de que eran dueños
"en posesión y propiedad de varios montes brullos
que reduze a cavón para consumo de edificios fériales
rematándolos en candela pública al mejor postor"
(11). Pero los dueños
de ferrerías, especialmente la familia
Otañes que desde mediados del siglo XVIII pasaba por tremendos
apuros a la hora de abastecer sus edificios en el Valle y en Alonsótegui
(12), nunca se conformaron
y siguieron luchando por el derecho de dotación a leñas
en Ontón (13), y
consiguieron tal reconocimiento en el "Real y Supremo Consejo
de Guerra" en el año 1792 (14).
Curiosa contradicción, que luego veremos repetida en más
de una ocasión: los regidores de Ontón se endeudaron
tanto en estos larguísimos pleitos, que en el año
1801 tuvieron que pedir dinero prestado a varios ferrones a cambio
de futuras entregas de leña" (15).
En el valle de Sámano, las dos ferrerías de "Don
Gonzalo" y "Don Bergón" (sus primeros dueños
de clara ascendencia banderiza), las más próximas
al casco urbano de Castro Urdiales, escasamente un par de kilómetros,
y también las más potentes y mejor dotadas técnicamente,
tuvieron que bregar continuamente en dos frentes ya conocidos en
el anterior caso: luchar contra otras ferrerías y litigar
con la Junta vecinal en una guerra sin cuartel por
hacerse con leña para carbonear. Ya para comienzos del siglo
XVI hay pruebas documentales de pleitos entre los parzoneros de
las ferrerías samaniegas y los del valle de Trucíos,
en algunos fondos conservados en la Chancillería de Valladolid
(16). Que todavía
continuaban en una fecha tan avanzada como el año 1835, cuando
el arrendatario de "Don Bergón" entablaba juicio
en Castro para que la ferrería de Santullán
dejara de sacar leña del Valle, "siendo dichos carbones
de dotación de las expuestas ferrerías
del expresado valle conocidas con los nombres de Don Gonzalo y Don
Bergón" (17).
La querella se repitió al años siguiente, pero esta
vez contra los ferrones de Otañes (18).
Pero, otra vez más, el mayor enemigo estuvo en la Junta
de vecinos que se empeñaba, sobre todo en el expansivo siglo
XVIII, en no reconocer el derecho de dotación y aprovechamiento
ferrón de sus montes comunales. Los dueños
de los establecimientos siderúrgicos no tuvieron más
remedio que emprender un pleito contra el Común en el año
1773 para quede "les haian de dar precisamente las leñas
de encina prezisas y necesarias" (19),
haciéndoles recordar que ya antes, por sentencia de 28 de
septiembre de 1703 del Consejo Real de Guerra, tenían claramente
reconocido el viejo privilegio foral de leñas (20).

(1) Cevallos (2001),
pp. 97 y 98.
(2) Archivo Histórico Provincial
de Cantabria (en adelante A.H.P.C.), Manuel López, leg. 1748,
fol. 40, 27 de diciembre de 1691.
(3) Archivo Municipal de Castro
Urdiales, Juicios verbales 1679-L.1. A una carta remitida por el Intendente
de Rentas para que se pasaran los nombres de las posibles partidas
de voluntarios realistas, los regidores de la Junta de Sámano
contestaban negativamente en el año 1826, razonando que "no
había voluntario alguno con motivo de ser localidad montuosa,
de la cortedad de sus vecindarios, de la disposición de sus
caseríos y ocupación en el carboneo de leñas
para las ferrerías que todo les dificulta la reunión
necesaria a la formación de tales cuerpos...", Bandos
y otros, leg. 1229-s/n(3).
(4) A.H.P.C., Sebastián del
Hoyo, leg. 1724, fol. 351.
(5) A.H.P.C., Simón de Capetillo,
leg. 1746, 17 de enero de 1694.
(6) A.H.P.C., M. Gil Hierro Quintana,
leg. 1813, fols. 184 y 185.
(7) García Alonso (99), p.
100.
(8) A.H.P.C., Francisco Ventura
Liendo Calera, leg. 1787, fols. 774 y 775, 14 de diciembre de 1756.
Con anterioridad, a raíz del establecimiento de una nueva ferrería
en Santullán, su propietario pleiteó con los ferrones
de "El Perujo" por el aprovechamiento de leñas en
los montes de Agüera, Cevallos (2001), p. 56.
(9) A.H.P.C., Joaquín de
Mioño, leg. 1797, 9 de enero de 1766.
(10) A.H.P.C., Joaquín
de Mioño, leg. 1798, fols. 12 y 13, 11 de febrero de 1768.
(11) A.H.P.C., M. Gil Hierro Quintana,
leg. 1813, 19 de enero de 1725..
(12) A.H.P.C., Joaquín
de Mioño, leg. 1797, 4 de enero de 1765.
(13) A.H.P.C., M. Gil Hierro Quintana,
leg. 1813, fols. 123 y 124.
(14) A.H.P.C., Romualdo Antonio
Martínez, leg. 1836, fols. 30/34, 23 de junio de 1792.
(15) A.H.P.C., Romualdo Antonio
Martínez, leg. 1822, fols. 149/151.
(16) Archivo Real Chancillería
de Valladolid, Registros de Reales ejecutorias, C 276/1, 30 de julio
de 1512.
(17) A.H.P.C., Ildefonso Acha,
leg. 1874, 4 de agosto de 1835..
(18) A.H.P.C., José de
Llano, leg. 1866, fols. 108 y 109, 7 de abril de 1836.
(19) A.H.P.C., Joaquín
de Mioño, leg. 1799, fols. 162 y 163, 10 de diciembre de 1773.
(20) Existió también
otro tipo de problemas, como el escándalo ocurrido en 1769
a raíz de la acusación hecha a varios regidores de la
Junta de Sámano, por haber permitido fraudulentamente que algunos
vecinos cortaran leñas, que una vez convertidas en carbón
vendían de forma oculta a los ferrones del Valle, Cevallos
(2001), p. 55.
Ramón Ojeda San Miguel,
Universidad del País Vasco |