Las principales inteligencias de la Europa ilustrada pensaban que si algo era imposible en aquella época en la que no parecía haber obstáculo que el Hombre no pudiera vencer haciendo uso de su inteligencia, de sus luces, en fin, de su razón era la existencia de brujas. Esas mismas, supuestas agentes del maligno Príncipe del Aire, que habían obsesionado a sus inmediatos ancestros durante el siglo XVII hasta provocar una de las peores y más sangrientas histerias colectivas conocidas por la sociedad europea.

Basta leer el "Diccionario filosófico" de Voltaire o alguna de las obras del padre Feijoo como las "Cartas eruditas" para convencerse de ello. Incluso el muy peculiar intelecto del doctor Samuel Johnson opinaba que esa secta brujeril había existido en épocas pasadas pero se había desvanecido -quizás como por arte de magia- en ese siglo ilustrado del que él fue una sustancial parte, precisamente por la falta de condiciones favorables para sus diabólicos ejercicios.

Los tribunales, y los magistrados que los formaban, sin embargo, tenían una opinión muy diferente. De hecho les costó bastante tiempo asumir ideas como las de Voltaire, el padre Feijoo o incluso las del doctor Johnson que, tal vez, eran las que mejor sintonizaban con su registro mental. Algunos de ellos siguieron creyendo en la existencia de hechiceros que según todos los indicios habían vendido sus almas al diablo y obtenido así sus dañinas habilidades mágicas y, por lo tanto, debían ser condenados y ejecutados. Así, por ejemplo, la ciudad suiza de Glaris -no demasiado lejos de Ferney, desde donde Voltaire intentaba disipar las tinieblas góticas de los europeos- tuvo el más que dudoso honor de albergar en su seno al último tribunal que dictó, y ejecutó, una sentencia de muerte por brujería.

El País Vasco, al menos la parte del mismo adscrita al vasallaje político de la corona española, observó una evolución bastante peculiar con respecto a ese modelo europeo general que, en ése y otros aspectos, tan bien ha sabido representar, tal y como nos recordaba Alfonso de Otazu en el año 1982.

Así, esos territorios, como todos los demás que caían bajo la férula de la Inquisición española, quedaron libres de sentencias y ejecuciones por el delito de brujería desde el año 1610, cuando tras los famosos procesos de Zugarramurdi aquel ominoso tribunal decidió que había faltas contra la fe que él decía defender mucho más reales y dignas de toda su atención que aquellas fantasías. Sin embargo eso, como se puede comprobar en diferentes archivos radicados en ellos, no acabó con las acusaciones. Entre 1637 y 1839 diferentes miembros de aquella comunidad acabaron frente a los estrados de las cortes de justicia municipal o ante las de los corregidores, representantes del rey en el Señorío de Bizkaia y la provincia de Gipuzkoa, para explicarse acerca de sospechas sobre brujería en su entorno inmediato. Caso, por ejemplo, de María de Gorrochategui la cual había asegurado en 1727 que Josepha de Ocariz, vecina de la villa de Zegama, "tiene Prouision de potes y ollas con unguentos para usar de echizerias" y por esa razón la Inquisición debería haberse encargado de ella tiempo atrás.

Cueva de Zugarramurdi (Nav.). (Fot. G.E.Z.). Enciclopedia Auñamendi

En principio la magistratura que actuaba en esos territorios vascos no se alteró lo más mínimo, como venía siendo su costumbre desde comienzos del siglo XVII, por palabras como ésas y otras similares que antes y después de esa fecha se dejaron oír de un modo u otro en sus jurisdicciones. Tan sólo procuraron evitar que esos rumores dieran lugar a un rebrote de la peligrosa histeria colectiva que había ensangrentado a Europa durante el siglo XVII y persistió de forma esporádica y extraoficial -en la mayor parte de los casos- en aquella Europa ilustrada. Así en el año 1757 el tribunal del corregidor de Gipuzkoa amonestó a los jueces de Getaria por remitirle una causa similar a la que en 1727 conmocionó -en cierto modo- a Zegama recomendándoles que en lo sucesivo no se tuvieran noticias de "quimeras como las que resultan de autos" en la jurisdicción de aquella villa guipuzcoana. Seis años atrás habladurías como ésas habían producido un linchamiento popular, con víctimas, en la no demasiado lejana Inglaterra. Es probable que aquellos magistrados del corregimiento estuvieran tratando de atajar de raíz una reacción similar que, en absoluto, era desconocida en esos territorios vascos, tal y como lo demuestra la causa que en el año 1705 se vio obligado a incoar el corregidor vízcaino para esclarecer el secuestro de dos mujeres -María de Arteaga y su hija María de Telleche- a las que un grupo de particulares estuvo a punto de matar por creer que habían hechizado a cierta dama bilbaína.

Sin embargo dentro de este benévolo e ilustrado cuadro es posible apuntar también otras reacciones por parte de los magistrados que actúan en Gipuzkoa y Bizkaia durante el siglo XVIII y los comienzos del XIX. La más llamativa, quizás, y que nos invita a una profunda reflexión acerca del fin de la caza de brujas europea es la causa que se llevó ante la corte del Jefe Político del Señorío -la figura que ha sustituido al corregidor- en 1839.

Se trataba de un caso más de lo que las autoridades judiciales europeas -al menos las francesas, desde 1702, y españolas- consideraban condenable no como brujería sino como una simple estafa. Sin embargo la defensa que hace el fiscal de la denunciada, una tal Angela vecina del barrio de Achuri en la entonces anteiglesia de Begoña que aseguraba poder predecir cosas por medio de los naipes, resulta cuando menos sorprendente: según el fuero del Señorío sólo son brujos los que por medio de un pacto con el diablo adquieren artes mágicas e intentan hacer mal a otros, no los simples adivinos como la acusada. Al parecer este magistrado, como el doctor Johnson, creía que la desaparición de las brujas era sólo coyuntural. Es de tan bizarra manera como concluye, al menos de momento, la Historia de las últimas brujas de Europa.