Una globalización excluyente
El término globalización intenta dar cuenta de las crecientes interrelaciones económicas y la multiplicación de redes mundiales de producción e información, que al parecer conducen inexorablemente a un auténtico mercado mundial. Ello supondría la apertura de numerosos retos y oportunidades que todos pueden aprovechar si saben adaptarse a las nuevas circunstancias. Sin embargo, este discurso oficial de los gobiernos del Norte, aceptado por muchos del Sur y el Este, y que los organismos económicos internacionales no cesan de repetir desde hace dos décadas, no encaja demasiado bien con la realidad económica. Se construye un mercado mundial para ciertas cuestiones pero no para otras: hay bastante globalización en el ámbito comercial y todavía más en el financiero, pero no hay globalización para las personas del Sur que buscan mejorar sus oportunidades trabajando en el Norte. Así, unos participan crecientemente en ese mercado mundial en construcción mientras otros quedan al margen, excluidos.

En efecto, la desigualdad en la distribución de la renta ha crecido dentro de cada país, al tiempo que se amplía la brecha entre el Norte y el Sur, y también el Este. De hecho, con la importante excepción de la remontada de Asia Oriental y el Pacífico, el resto han visto como su renta por habitante está ahora más lejos de la del Norte que hace cuarenta años. Y en el caso extremo de Africa Subsahariana su renta per capita es menor en cifras absolutas que hace treinta años. De este modo, la distancia entre las personas ricas y pobres a nivel mundial ha aumentado. Así, la relación entre el ingreso del 10% más rico de la población mundial y el del 10% más pobre ha pasado de ser de uno a 19 en 1970 a ser de uno a 27 en 1997 (PNUD, 2001). En consonancia con ello, la pobreza no ha disminuido. Así, a comienzos del siglo XXI, casi la mitad de la población mundial, 2.800 millones de personas, sobrevive con menos de dos dólares al día. Entre ellas, 1.200 millones de personas, que suponen la quinta parte de la humanidad, disponen de menos de un dólar al día, lo que se califica como pobreza absoluta. Y dos de cada tres personas que cuentan con menos de un dólar al día padecen hambre: 826 millones de seres humanos.

Así, el discurso oficial pro-globalización promete una ganancia universal que derivaría de la completa liberalización de la economía, pero no cumple. Por eso omite que el tipo de globalización al que estamos asistiendo ni es inexorable, ni es el único posible. "Otro mundo es posible" como se afirma desde el Foro Social Mundial de Porto Alegre. Porque, en efecto, la globalización realmente existente es el fruto de la ejecución de un proyecto concreto, el proyecto neoliberal. Un proyecto que se impuso en el Norte a comienzos de los años ochenta y enseguida se extendió hacia el Sur, y desde los años noventa por el Este, de la mano de los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Un proyecto que encuentra en la Organización Mundial de Comercio (OMC) su más clara expresión. Y es que, sobre todo, el discurso oficial oculta que las reglas con las que se construye esta globalización ni siquiera abren oportunidades para todos.

Patentes reforzadas frente a derecho humano al alimento y a la salud
Concebida en pleno apogeo del neoliberalismo, durante la Ronda Uruguay (1986-94), la OMC es un elemento básico en la profundización de la práctica neoliberal. Ésta se diferencia del discurso en que sólo liberaliza los mercados que convienen y al ritmo que se considera apropiado para quienes realmente dictan las reglas del juego económico mundial: las grandes empresas multinacionales con base en los países del Norte. Sus normas representan la más clara expresión del terreno de juego que realmente pretenden construir quienes impulsan la globalización neoliberal. Así, los sectores agrícola y textil han podido ser protegidos durante décadas, en detrimento de las economías del Sur, y con la OMC se liberaliza su comercio poco a poco. Así también, el sector servicios se incluye en la OMC, y comienza a liberalizarse por aquellos capítulos en los que EEUU y la UE creen que sus empresas van a salir ganando (servicios financieros, telecomunicaciones), mientras se excluyen del ámbito de la OMC las migraciones de mano de obra. En cambio, los países del Norte imponen una protección uniforme a nivel mundial de los derechos de la propiedad intelectual, a mayor gloría de las empresas multinacionales, que cada vez en mayor medida obtienen ingresos de su comercialización.

El Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) es una de las piezas clave de este último asunto. La otra es la capacidad que tiene la OMC para sancionar económicamente a los países que incumplan su normativa. Ninguna otra organización de ámbito mundial tiene una capacidad semejante. El ADPIC establece unas normas mínimas sobre protección de patentes, marcas registradas y derechos de autor que deben ser cumplidas por todos los países miembros de la OMC. En concreto, supone una armonización hacia arriba de la protección de los inventos mediante patentes, de manera que allí donde no existía o era "débil" debe elevarse hasta un nivel similar al que prevalece en las economías más poderosas. Esto supone, entre otras cosas, una duración mínima de 20 años para las patentes, tanto de proceso como de producto, y su extensión a todos los sectores económicos. En este sentido, y como novedad incluso para los sistemas de patentes de los países desarrollados, se extiende su cobertura a ciertas formas de vida: aunque se permite a los países prohibir las patentes sobre vegetales y animales, se les obliga a consentirlas sobre microorganismos, variedades vegetales y procesos microbiológicos.

Este es un asunto muy controvertido. Los materiales biológicos se descubren, no se inventan, pero sólo los inventos son susceptibles de ser patentados, no los meros descubrimientos. Así que esto implica estirar el concepto de invento mucho más allá de lo admisible, porque parece como si la biotecnología se arrogara la creación de la vida. Además, el ADPIC facilita cobertura para la biopiratería de las empresas del Norte, que patentan materiales biológicos y conocimientos ancestrales del campesinado del Sur. Por otro lado, los derechos de propiedad intelectual se vinculan con las ideas de monopolio y privilegio. Y se consienten con el argumento de que no habría gastos en investigación si no dieran lugar a un beneficio económico. Así, convencionalmente se sostiene que la protección de la propiedad intelectual de manera temporal supone un equilibrio entre incentivar la creatividad y defender el bien común. Pero esta privatización temporal del conocimiento entorpece la prestación desinteresada de información, que tan importante ha resultado para el avance de las investigaciones científicas. Y tampoco es cierto que la creatividad sólo se dé si puede generar beneficios y está protegida por derechos de propiedad intelectual. De hecho, la mayoría de los grandes inventos que ha conocido la humanidad se ha desarrollado en otro contexto.

Además, la privatización del conocimiento y su correlativa concentración en manos de un reducido número de empresas multinacionales marcan el sentido de la investigación científica y tecnológica hacia lo rentable, en detrimento de lo necesario: cósmetica en vez de vacuna contra la malaria, por ejemplo. Y se calcula que el 97% de las patentes mundiales pertenecen a empresas radicadas en los países del Norte. Por ello, el ADPIC, que resulta que es fruto directo de la presión de las mismas empresas que se benefician de él, ilustra el verdadero imperio de las multinacionales a la hora de establecer las reglas del juego económico mundial a su imagen y semejanza.

Esta controversia ha llegado hasta la ONU, cuya Comisión sobre Derechos Humanos reconoce que hay un conflicto entre los intereses privados protegidos por el ADPIC y los públicos o sociales incorporados en la legislación internacional sobre derechos humanos. Y cuestiona las consecuencias negativas que para los derechos de las personas, la alimentación y la salud puede tener su aplicación.

La moderna biotecnología diseña organismos genéticamente modificados (OGM), que las multinacionales patentan. Pero se trata, entre otros, de semillas cuya principal virtud es ser estériles, o simplemente prohiben la práctica tradicional de reutilizar sus semillas en la siguiente cosecha. Y esto puede acabar comprometiendo el acceso al alimento de muchos millones de campesinos pobres, al tiempo que atenta contra el mantenimiento de la biodiversidad. Mientras, el hambre persiste, porque no es esencialmente un problema de cantidad de alimentos disponibles, al menos a medio plazo. Así, en Brasil, que es el cuarto mayor productor de productos agrícolas del mundo, y gran exportador de alimentos, el 10% de su población padece hambre. Y si el resultado de la "revolución verde" fue más alimentos y más personas con hambre, una segunda revolución verde basada en los OGM, no parece que vaya a solucionar el lacerante problema del hambre. Los medios existen, pero no están al alcance de todos.

El caso de la industria farmacéutica también muestra la diferencia entre justificar las patentes en virtud del bien común y actuar en beneficio propio con total desprecio por el interés general. La investigación de esas empresas no se canaliza hacia las enfermedades de los pobres, ya que su escaso poder adquisitivo implica poco negocio potencial. Así, resulta que sólo el 0,2% de la investigación y el desarrollo tecnológico relacionados con la salud a nivel mundial se dedica a la neumonía, la diarrea y la tuberculosis, tres enfermedades relacionadas con la pobreza que suman el 18% de la carga mundial de enfermedades. Pero, en contra del énfasis puesto por el sector en los gastos de I+D, el consumidor paga más marketing que investigación. Y la pieza clave de su negocio son las patentes, que les permiten establecer los precios de forma totalmente arbitraria. Como consecuencia, las empresas farmacéuticas obtienen beneficios exorbitantes: año tras año el sector farmacéutico es el más rentable con mucha diferencia. A pesar de ello, gracias a la colaboración del gobierno de EEUU con PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America), uno de los grupos de presión más potentes del mundo, Sudáfrica y Brasil se han enfrentado a la amenaza de sanciones comerciales acusados de no respetar las patentes de las multinacionales farmacéuticas.

© Armando Waak, PAHO