La Cumbre de Laeken, que tuvo lugar el pasado mes de diciembre de 2001, resultó un éxito, en el sentido de que por vez primera se reconoce en un documento político firmado por los 15 estados de la Unión, la existencia de Regiones con Competencias Legislativas (RCLs). Asimismo, se concede al Comité de las Regiones, único órgano oficial de los entes regionales y locales en la Unión, el derecho de nombrar 6 representantes a título de observador para la próxima reforma sobre el futuro de Europa, que se llevará a cabo en la Conferencia Intergubernamental del 2004.

Parlamendo Europeo. Fotografía: http://sp.bundesregierung.de/top/dokumente/Artikel/ix_67092.htm? template=single&id=67092_3176&script=1&ixepf=_67092_3176

El resultado de la elección de estos 6 representantes de entre los municipios, regiones con meros poderes de ejecución y regiones con competencias legislativas de la Unión, constituye un éxito para Euskadi puesto que 5 de ellas pertenecen a regiones con poderes legislativos, lo que significa que estaremos representados en la mayoría de los casos, por regiones afines a la nuestra. Ellas son: Flandes, Nordrhein-Westfalia, región Bruselas, Toscana y Valencia, más la región francesa de Picardie.

En cuanto al modo de participación en la Convención, si bien la concesión a nuestros representantes de un estatus de observador es considerada desde Euskadi como insuficiente, hemos de reconocer que ello ha supuesto un paso hacia delante en la defensa de nuestros intereses, en la medida en que éstos podrán asistir a las reuniones, participar en los debates y presentar propuestas propias, en definitiva, actuarán como los demás miembros excepto que no tendrán derecho de voto.

Ante esta perspectiva y oportunidad histórica de participar en la construcción de nuestro futuro en Europa, las RCLs hemos decidido organizarnos. Ya en el pasado mes de noviembre, los Presidentes de las Regiones con Competencias Legislativas entre los que se encontraba el Lehendakari, firmaron en Lieja una declaración en la que afirmaban la constitución de una red informal de RCLs así como la celebración de una Conferencia Anual de los Presidentes de las mismas, quienes darán las pautas y orientaciones políticas a seguir en la red.

La necesidad de organizarse, materializada en la creación de dicha red, responde por un lado, a que el Comité de las Regiones no cumple las expectativas de las RCLs, ya que su peso y su poder de influencia en la toma de decisiones comunitarias no se corresponde con el peso y las competencias que éstas ostentan a nivel interno. En este sentido, el Comité de las Regiones no funciona.

Por ello, un grupo restringido de regiones plantearon en el seno del Comité que se examinara la creación de un grupo de RCLs dentro del CDR, con el objeto de que pudieran discutir temas y materias que sólo conciernen a éstas. Esta iniciativa, que fue liderada por Euskadi y Extremadura, resultó un fracaso, dado que el número aproximado de RCLs dentro del Comité asciende a 70 mientras que el número total de miembros suman 222. Y ello, porque las demás regiones y los municipios se manifestaron rotundamente en contra de la creación de dicho grupo, por miedo a establecer categorías o divisiones en función de las competencias de cada uno, lo que inevitablemente conllevaría a una distinción en cuanto al peso político de los diversos grupos.

Ahora bien, dado que hoy por hoy no existe otro órgano en el que Euskadi pueda tener voz propia a nivel comunitario, considero fundamental nuestra participación activa en el mismo, mientras no tengamos otra estructura que satisfaga plenamente nuestras aspiraciones.

Por otro lado, las RCLs, debido a que ostentamos competencias legislativas de carácter exclusivo, consideramos que nuestra participación en Europa no puede limitarse al Comité de las Regiones, sino que debemos estar presentes en las negociaciones a nivel europeo cuando se discutan asuntos que repercutan a nuestras competencias exclusivas, dado que somos las verdaderas responsables ante los ciudadanos del buen ejercicio de nuestros poderes. Sirva como ejemplo la reiterada reivindicación del gobierno vasco sobre la participación de Euskadi en los Consejos de Ministros de la Unión.

Si bien el panorama europeo podemos calificarlo de optimista en relación a la situación vivida en épocas anteriores, el panorama a nivel del estado español es realmente negativo. En efecto, Euskadi y la mayoría de las CCAA llevamos varios años solicitando la participación en los Consejos de Ministros de la Unión, tal y como la están ejerciendo los Länder alemanes y austriacos, las Regiones y Comunidades belgas así como Escocia. Pero estas expectativas de participación se ven frenadas, más bien vetadas, por el Gobierno central.

Desde Madrid existe una gran cerrazón al respecto y se insiste en la idea de que el estado es el único habilitado para ofrecer y defender la posición del conjunto del estado en la UE. Por lo tanto, la única vía existente para la participación de las CCAA es actuar a través de los mecanismos y órganos creados por el Gobierno central a nivel interno y lograr una posición común de todas las CCAA, tarea que la experiencia ha demostrado imposible de llevar a cabo. Esta imposibilidad es debida a la incoherencia y doble actitud que manifiestan algunas CCAA, según se encuentren en el ámbito comunitario o estatal, lo cual hace posible que defiendan una idea en Europa y la rechacen de pleno en España. Y este cambio de actitud, viene motivado por las órdenes que reciben del gobierno central, que de esta manera consigue que no se alcance una posición común, condición sin la cual Madrid no acepta defender ni siquiera escuchar la voz de las CCAA. Claro ejemplo de ello es lo ocurrido con el dictamen del CDR a favor de la participación directa de las regiones en los Consejos de Ministros, que fue unánimemente apoyado por las CCAA en el pleno de Noviembre 2001, rechazando su contenido un mes más tarde ante el Ministro, Sr. Posada, en el seno de la Conferencia Sectorial para Asuntos Europeos.

En resumidas cuentas, que desde Madrid se ha vetado tanto la participación directa de las CCAA en los órganos decisorios de la Unión como la indirecta a través de la delegación del estado. Y esta falta de voluntad política, se ha visto igualmente reflejada en los trabajos de la Presidencia española que estamos viviendo durante este semestre. Quisiera constatar que ni Euskadi ni el resto de las CCAA han sido involucradas en la preparación del programa de la Presidencia española, es más, tampoco fuimos informadas sobre el desarrollo de la misma. Los estados tan descentralizados como el español, han mantenido una actitud totalmente opuesta, informando de antemano y haciendo partícipes a sus regiones en los preparativos de sus presidencias. A modo de ejemplo, quisiera citar al Estado belga, que recientemente ha liderado los trabajos de la Unión (desde Julio de 2001 hasta Diciembre de 2001), así como los estados de Alemania, Austria o Reino Unido. Esta actitud boicoteadora hacia las CCAA, es cada vez menos comprendida en las diversas esferas de la Unión. Llegamos a la paradoja de que para informarnos de la Presidencia española, debemos acudir a los Länder alemanes y austriacos con quienes mantenemos una excelente relación, los cuales están puntual y debidamente informados por sus gobiernos centrales.

Con todo ello, concluyo diciendo que el estado español de las autonomías recibe desde Madrid un tratamiento como si de un estado centralizado y jacobino se tratara. Y por ello quisiera recordar al Sr. Aznar que debe asumir que dirige un estado que no es el que le gustaría tener, sino el que realmente es: un estado plurinacional, asimétrico y diverso, adjetivos que definen muy claramente al estado español y que precisamente se encuentran recogidos en la Constitución española tan venerada y aclamada últimamente por el Presidente.