Es propia de las sociedades urbanas desarrolladas la mitificación del mundo rural tradicional, en cuanto que éste se concibe como sistema estable. Con independencia de que tal estabilidad no deje de ser las más de las veces un mero cliché, lo cierto es que la fascinación por su representación sintética, es decir, por el paisaje rural, crece en la misma medida que lo hacen la masificación, la contaminación, la inseguridad... de la urbe. Sobre la vertiente atlántica peninsular de Euskal Herria –Bizkaia y Gipuzkoa–, el mencionado proceso adquiere una relevancia particular porque, como consecuencia de una industrialización violenta y carente de cualquier tipo de planificación, congestionadas áreas residenciales e industriales se encanjan sin orden ni concierto sobre los fondos de estrechos valles; la población que allí se amontona sólo tiene que levantar la vista hacia las laderas para reencontrarse con el otro escenario: el del mundo que fue, aquel en el que los caseríos se desperdigan sobre praderas. Tal interpenetración, la vecindad entre "lo mejor" del mundo rural y "lo peor" del urbano acentúa aquí la valoración del paisaje rural y, por consiguiente, la sensibilidad hacia su conservación.

En sintonía, las Directrices de Ordenación del Territorio (D.O.T.) señalan que "Teniendo en cuenta el reducido tamaño territorial del País Vasco y la alta densidad demográfica, las áreas rurales adquieren un valor estratégico que supera la mera contribución de las actividades primarias al producto bruto. Las áreas rurales son un complemento imprescindible de los densos asentamientos urbanos e industriales que de forma casi continua se extienden por los principales corredores de los Territorios Históricos de Bizkaia y Gipuzkoa" (Gobierno Vasco, 1997, p. 98). De acuerdo con este principio de partida, las DOT están impregnadas por la necesidad de conservar el paisaje rural.

Sin embargo, la conservación del medio rural y su paisaje no depende únicamente de la voluntad social, incluso si ésta se halla sancionada por la política de ordenación territorial. Con frecuencia se concibe el espacio rural como una postal, un escenario que permanecerá inmutable en la medida en que prohibamos que sobre él se intervenga. Pero el paisaje es un resultado formal, aquel que sobre un espacio de características ecogeográficas concretas propicia la conjunción de determinados usos del suelo, usos que vienen dados por las funciones económicas que las estructuras que gestionan ese suelo le asignan.

Sobre el espacio rural vasco-atlántico existe una estructura de gestión fundamental: el caserío. El caserío entendido no como mera casa-bloque de labranza, de piedra y entramado de madera con tejado a dos aguas sobre caballete perpendicular a la fachada principal, sino como unidad de producción agraria que cuenta, además de con la casa, con tierras afectas constituidas por la heredad y el monte, hoy destinadas a la producción herbácea y forestal respectivamente y que en su conjunto raramente alcanzan las 10 Has. Dichos usos del suelo tienen por consecuencia paisajística el mosaico de praderas y pinares que junto al hábitat disperso que caracteriza al caserío dan lugar a ese paisaje rural que querríamos conservar, incluso mejorar a partir, por ejemplo, de la sustitución de las coníferas de repoblación por robledades y hayales que, aunque desaparecidos hace tiempo suficiente como para que ni siquiera las generaciones de los mayores los hayan conocido en plenitud, por diversas circunstancias parecen formar parte de la memoria colectiva.

No se les escapa a las Directrices de Ordenación la transcendencia del caserío y así señalan: "Los caseríos vascos son parte integrante del paisaje rural de la Comunidad Autónoma debiendo favorecerse su permanencia en actividad" (Gobierno Vasco, 1997, p. 123). Cabría matizar que el caserío no es parte integrante del paisaje rural, sino el autor principal de tal paisaje, a partir de un proceso de colonización que parece remontarse hasta la Edad Media, y su actual gestor en cuanto que decide el uso del suelo que otorga a la tierra que tiene adscrita, según se señalaba más arriba. Una decisión que no es arbitraria, sino que viene dada por razones de rentabilidad económica. Y en este sentido, el hecho de que la política territorial abogue por su mantenimiento en actividad es significativo. En prácticamente dos tercios de los caseríos la actividad agraria presenta a día de hoy un carácter residiual y las perspectivas de futuro apuntan hacia una recesión aún mayor de la misma. Y sin actividad ganadera, por ejemplo, no hay praderas, esa parte de nuestro paisaje más valorada.

La causa de la recesión de la actividad agraria en el caserío radica en su deficiente tamaño como unidad de producción ganadera. Con independencia de que existan notables excepciones, la escasa base territorial del caserío hace prácticamente inviable su constitución en explotación eficaz según los parámetros en que actualmente se desenvuelve la ganadería. La posibilidad de la agricultura a tiempo parcial dificulta extraordinariamente cualquier intento de redimensionamiento del caserío por lo que las D.O.T. sugieren "...diversificar la renta de los agricultores, es decir, la puesta en marcha de líneas de actuación para el desarrollo rural y conservación del medio natural aprobadas en el Plan Estratégico Rural Vasco" (Gobierno Vasco, 1997, p. 123).

Se trata de propiciar alternativas fuera ya del modelo productivista, ligadas a la producción agroalimentaria de calidad y a la pluriactividad. En esa vía de acción debe insertarse la política de calidad agroalimentaria centrada en la creación de marcas de garantía, labels y denominaciones de origen, que pretende complementarse mediante redes propias de distribución. Respecto a la pluriactividad, el acento se ha puesto en el agroturismo, concebido como un servicio de alojamiento, restauración y actividades de ocio ofrecidos por agricultores y ganaderos en sus propios caseríos. En ese caldo de cultivo, es posible encontrar caseríos que hacen gala de tales estrategias, sin embargo, si hubiera que evaluar el número de los involucrados en ellas podría señalarse, con poco error, que no llega al 2% del total. En cuanto a las tendencias de futuro, todo es posible, pero a la hora de atisbarlas conviene no perder de vista las condiciones bajo las que tendrán que desarrollarse.

En ese sentido, el caserío está atado a un espacio y, bajo ese punto de vista, buena parte de las claves de su futuro están ligadas a la política territorial que sobre él intente implementarse. Ya se ha señalado el interés de ésta por cuidarlo y protegerlo, no obstante, se percibe cierta dificultad para conciliar ese reto con el objetivo general que la anima: la reordenación equilibrada del territorio. Las D.O.T. parten de la necesidad de superar un modelo de ciudad industrial densa, comprimida en estrechos valles, que no se adecua ni a las nuevas necesidades económicas, ni a las aspiraciones de una sociedad que a pasos agigantados busca una mayor calidad ambiental, tanto para el lugar de residencia como para el de trabajo.

Sin duda, las nuevas áreas residenciales e industriales de nuevo cuño habrán de surgir en los denominados "mosaicos de campiña cantábrica", es decir, sobre las praderas de los caseríos, porque no hay más espacio. La categoría de ordenación en la que éstas se incluyen aboga, primero que nada, por su conservación, de modo que el criterio general es el mantenimiento de la capacidad agrológica de los suelos y las actividades agroganaderas, al que debe supeditarse cualquier otro uso. En esa línea de protección, el uso residencial aislado sólo se permitirá cuando esté vinculado a la actividad agraria, mientras el resto del crecimiento urbanístico deberá apoyarse en los núcleos preexistentes.

Sin embargo, habida cuenta el tipo de hábitat de la vertiente vasco-atlántica, los núcleos preexistentes, constituidos por pequeñas agrupaciones de caseríos, son muy númerosos. No hay más que ver los planes urbanísticos municipales, que con arreglo a las nuevas directrices de ordenación vienen confeccionándose, para comprender lo que el hecho significa. En torno a los barriadas de caseríos se constituye una primera aureola de suelo urbanizable de baja densidad, asentada sobre parcelas de pradera contiguas a las viviendas de los caseríos y a las infraestructuras viarias.

En un país en el que probablemente el recurso más escaso es la tierra, la política territorial se debate entre el principio establecido de mantener el caserío como unidad de explotación agraria viva, y con él el paisaje rural, y la obligación de dar salida a esa imperiosa necesidad social que llamamos desurbanización. La materialización de ambas aspiraciones pasa por la misma tierra sobre la que, sin embargo, una y otra no presentan la misma capacidad de apropiación.

Es cierto que la parte más débil no queda abandonada a sus propias fuerzas; tanto desde la política territorial vasca como desde las sectoriales, se ha generado un conjunto de "... bases jurídicas que muestran una decidida voluntad de salvaguarda de los suelos agrarios y del equilibrio en la ocupación del suelo" (Ruiz Urrestarazu, 1998, p. 9). No obstante, el mismo autor recuerda que las posibilidades reales "... de mantenimiento de las tierras agrarias en gran manera dependen, además del convencimiento de la plurifuncionalidad de estos espacios y de su valor como recurso sostenible que debe conservarse, del dinamismo de las explotaciones agrarias, dinamismo que se puede ponderar en una doble vertiente. Por un lado, la vigencia económico-social de la propia explotación en relación con su valor económico productivo y su viabilidad social... Por otro, la capacidad de control que los agricultores posean sobre el espacio. Esto es, el grado de control sobre el mercado de tierras o sobre la gestión territorial a través de su fuerza en organismos públicos de decisión" (p. 6).

En ese último sentido, el sector agrario profesional tiene un escaso peso relativo en el conjunto de la economía, si bien por diversas razones su peso específico en la esfera social y política es proporcionalmente mayor, de modo que no puede decirse que su voz no se deje oír y que sus posturas y denuncias a este respecto resulten del todo desconocidas. Más preocupante es, en este caso concreto, la primera de las vertientes a que el autor aludía: la que hace referencia a la vigencia económica y social de la explotación. Si la actual falta de vigencia económica del caserío viene dada por su escaso tamaño y las enormes dificultades que existen para remediarlo, de cara al futuro sólo cabe prever su merma, no ya sólo por causa de la expansión de la desurbanización que irá progresivamente recortando sus heredades, sino por la quiebra del sistema de trasmisión hereditaria tradicional, del mayorazgo. Una vez que el caserío deja de ser el sostén económico y social de la familia, el mayorazgo pierde sentido. Hoy, en ese conjunto mayoritario de caseríos en que el proyecto reproductivo familiar no pasa por la explotación agraria, se considera a todos los hijos por igual a la hora de heredar el caserío, lo que a la postre implica su partición.

En definitiva, la falta de vigencia económica del caserío unida a la extraordinaria presión desurbanizadora dificulta seriamente la voluntad de mantener un medio rural vivo del que dimana ese paisaje que querríamos conservar. En este sentido, como en otras regiones europeas también aquí es previsible la progresiva destrucción del paisaje rural ligado a la tierra productiva y su sustitución por otro derivado de "la urbanización del campo". Un paisaje nuevo que en alguna medida nos recordará al primero, en cuanto que el modelo arquitectónico del caserío prima en la mayor parte de las construcciones unifamiliares que, con el mismo patrón de la dispersión, van derramándose sobre los mosaicos de praderas en las que la yerba da paso al cesped. Un proceso sobre el que quizá no quepa más actuación que el de su conveniente canalización.

Bibliografía citada: GOBIERNO VASCO (1997): Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, Vitoria-Gasteiz. RUIZ URRESTARAZU, E. (2000): "El conflicto urbano-rural por la apropiación del uso del suelo". DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: Congreso Internacional sobre comercio y desarrollo rural. Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz.