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La política de pesca comunitaria
(PPC), al menos en teoría, pretende evitar el agotamiento
de las especies que habitan y son explotadas en las aguas comunitarias
por las flotas de los países miembros de la UEM. Hasta
el momento, las medidas adoptadas no han conseguido evitar el
peligro de la sobreexplotación y parece evidente que además
del reforzamiento de ciertas políticas hoy en vigor y
de la puesta en marcha de mecanismos de control más eficaces
que los utilizados hasta el momento, va a ser necesario investigar
en nuevas formas de actuación que sirvan para lograr los
objetivos perseguidos.
A nadie se le escapa que la gestión
de las pesquerías es tarea ardua compleja que exige, además
de un conocimiento importante de la dinámica de las distintas
especies, el diseño de medidas que sean capaces de operar
en condiciones tan inciertas como las que se dan en muchas pesquerías
y de evitar incentivos perversos que hagan que los pescadores,
o bien no cumplan con las reglas impuestas, o generen comportamientos
que, en cierto sentido, las eviten.
Para lograr que las especies
comercialmente explotadas no se agoten y se gestionen de acuerdo
con criterios de sostenibilidad, la PPC se basa, entre otras
medidas, en el establecimiento de Totales Admisibles de Capturas
(TAC) y el reparto de estos totales entre las distintas flotas
que faenan en las pesquerías concretas (cuotas).
Las cuotas pesqueras representan una forma de actuación
que pretende controlar la producción total de las pesquerías
evitando que las capturas sobrepasen los niveles de máximo
nivel sostenible o algún otro nivel en el que la pervivencia
del recurso a lo largo del tiempo esté garantizada.
Las cuotas pueden ser anuales, plurianuales, transferibles o
no transferibles, individuales o de grupo.
A nivel comunitario, los Totales
Admisibles de Capturas establecidos por la Comisión se
reparten entre los distintos países que, a su vez, las
distribuyen entre las distintas flotas. Las cuotas se establecen
por especies y de forma anual y este tipo de intervención
fue puesta en práctica por primera vez en 1983.
Cuando lo que se establecen son cuotas individuales, en oposición
a cuotas por países, lo que de verdad se está haciendo
es establecer un sistema de derechos de propiedad para los pescadores.
Como es imposible patrimonializar el recurso, lo que se intenta
es establecer derechos sobre ciertos "segmentos de capturas".
Si las cuotas son de duración anual, obviamente, los derechos
de propiedad están limitados en el tiempo, y por lo tanto,
no se generan incentivos a respetar los límites establecidos.
 Cuando
las cuotas se establecen de forma individual, son de duración
ilimitada y además transferibles en un mercado creado
a tal efecto, nos encontramos con un tipo de intervención
distinta. Las cuotas individuales transferibles (CIT) se basan
en un principio básico de actuación que reconoce
que es preciso intervenir de forma que sean los propios agentes,
en este caso los pescadores, los que voluntariamente deseen llevar
a cabo las acciones de preservación y mejora de los recursos.
Nos enfrentamos a una medida de gestión que replica una
situación en la que existen derechos de uso individuales
sobre segmentos de las pesquerías, derechos que posteriormente
pueden ser negociados en un mercado creado de forma ad-hoc
para la transacción de los mismos.
Existen experiencias concretas
de puesta en práctica de políticas de CIT y esta
experiencia permite concluir que los intercambios han resultado
ser más intensos allí donde las diferencias en
las técnicas pesqueras y en las embarcaciones han sido
mayores. Además, es posible señalar que las ventajas
de este tipo de intervención son, entre otras, las siguientes:
- Incrementos en la eficiencia
económica en la actividad pesquera. Al permitir la transferibilidad de las cuotas
se consigue que sean precisamente los pescadores más eficientes
quienes, a través de los intercambios, obtengan una mayor
proporción del TAC en forma de CIT. Esta redistribución
incrementa los beneficios totales de las pesquerías aunque
genera a su vez efectos redistributivos importantes que necesariamente
han de ser tenidos en cuenta.
- Reducción de la sobrecapitalización
existente. El sistema
evita la conducta basada en la idea de capturar antes de que
lo haga cualquier otro.
- Mayor duración de
la temporada y mejor calidad de las capturas.
Evidentemente, el sistema también
tiene sus desventajas y no puedo dejar de señalar las
más obvias:
- Se pueden producir cambios
en el empleo y en la estructura de la industria, lo que necesariamente
obliga a diseñar medidas que palien estos efectos.
- Puede generarse un problema
de descartes considerable que debe ser atajado permitiendo
una cierta flexibilidad (desembarcos adicionales siempre que
no superen un determinado porcentaje de la cuota).
- La experiencia sugiere que
puede producirse un aumento en los costes de gestión
de la política.
Para el caso Europeo, la creación
de un mercado de cuotas individuales transferible es una posibilidad
que debe ser estudiada y diseñada en detalle, y que desde
luego no debería ser descartada. Los pescadores y armadores
vascos podrían encontrar en este mercado una posibilidad
de competir por derechos de pesca de las especies para las que
son más competitivos, lo que les daría la opción
de obtener mejoras con respecto a la situación actual.
Evidentemente, su opinión al respecto tendría que
ser oída y analizada con cuidado.
Mª
Carmen Gallastegui Zulaica, Catedrática de Análisis
Económico y Directora del Instituto de Economía
Pública UPV-EHU
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