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"Cuando
el pan es caro,
los pobres no se pasan a los
pasteles".
(E.P.Thompson) |
Estas páginas son deudoras de la
tesis doctoral "Hambre, abasto urbano de pan e intervencionismo
municipal: el Vínculo de Pamplona (1527-1933)",
que defendí en la Universidad Pública de Navarra
a comienzos de 1998. De la resaca propia de un trabajo de investigación
de estas características surgió un buen número
de reflexiones finales, algunas de las cuales se presentan ahora.
A tenor de la propuesta, lo que aquí se pretende es avanzar
unas cuantas valoraciones sobre el binomio "precio político"
versus "modelo alimenticio" en un espacio y
un lapso de tiempo determinados, como es la Navarra contemporánea.
Empezaré por la segunda parte para entender mejor el sentido
de la primera.
I. Modelo de alimentación
y demanda rígida
Desde antiguo, el modelo
alimentario navarro se definió en torno a la llamada "trilogía
mediterránea", es decir, sobre la base de tres alimentos
básicos como el pan, el vino y el aceite. La orografía
y clima de Navarra permitieron el cultivo del trigo, viñedo
y olivar, respectivamente, para dar forma al paisaje rural y
constituir la razón de ser de una economía preeminentemente
agraria. De este tridente, un alimento sólido y dos líquidos,
cabe destacar el protagonismo de los cereales en la conformación
de las dietas de la mayoría de la población. El
pan se erigió como el alimento base, el soporte de la
pirámide alimenticia, el primer alimento entre los primeros.
Sin embargo, y al menos desde un punto de vista social, hablar
de cereales es hablar de nada, al haber cereales de primera y
cereales de segunda. La preferencia hacia el trigo, contrasta
con la postergación de otros como la cebada, la avena,
el centeno y, ya a partir del siglo XVIII, del maíz. La
jerarquización de los cereales se ajustó a las
preferencias del gusto y en consecuencia a la estratificación
económica de la sociedad. La cotización del trigo
será superior a la del resto, debido a su mayor riqueza
nutritiva, de ahí que no todos pudieran degustar la hogaza
de pan de trigo. Pero esta jerarquización también
se reprodujo en el caso del pan, el pan de trigo. El espesor
del cedazo marcó la elaboración de harinas de primera,
de segunda y de tercera. Harinas todas ellas de trigo, pero desiguales
en cuanto a color y finura, y en consecuencia en cuanto a precio.
Con las primeras se hacía el pan blanco, el pan de primera,
con las de tercera el pan de tercera, el pan oscuro, también
conocido como pan de pobres. Esto es, pan blanco y pan negro,
pan de ricos y pan de pobres, pan para unos pan para el resto.
Un alimento como el pan, aunque fuera de trigo, reproducía
una vez más la estratificación socioeconómica
de la población. El poder adquisitivo era el que marcaba
el consumo de un cereal u otro, de un pan u otro, de la misma
forma que marcada la selección y variedad de la cesta
de la compra. Así fue, así lo sigue siendo.
La capacidad adquisitiva marcó
el acceso al alimento hasta convertirse en una constante histórica.
Sólo unos pocos podían permitirse una dieta rica,
variada y hasta caprichosa, y concederse el lujo de privarse
hasta del consumo de pan, ese alimento barato de alto poder nutritivo.
El resto estaban obligados a reunir un pedazo de pan cada día
y algo más para llevarse a la boca. La calidad del bolsillo
marcaba esta dualidad social, para hacer del pan un alimento
base, esencial, indispensable para la mayor parte. Esta es precisamente
la razón que explica la rigidez de la demanda del pan.
El pan permitía saciar el hambre, además garantizar
un aporte nutritivo básico. No había alimentos
sustitutos –cuestión de bolsillo-, y siempre había
que comer pan, siempre había que demandar pan. Pero, además,
a la escasa capacidad de compra de la población, a la
dieta monótona y frugal y finalmente a la inelasticidad
de la demanda del pan, hay que sumar como un factor añadido
más las crisis de subsistencias, que condicionaron sobremanera
la certidumbre alimenticia. La necesidad de pan conformaba un
modelo de alimentación vinculado en exceso a las cosechas
y por tanto la presencia del trigo en los mercados urbanos dependía
finalmente del caprichoso y arbitrario comportamiento del tiempo.
Una sequía prolongada durante el ciclo de maduración
del trigo o una pedregada antes de la siega era suficiente para
mermar la cosecha, reducir la oferta frumentaria y finalmente
encarecer sobremanera los precios. Para desgracia de los pobres,
las crisis alimenticias calendarizaron el devenir del tiempo
con una periodicidad alarmante, para poner al descubierto la
debilidad del mercado y los profundos desajustes entre la oferta
y la demanda alimenticias. No hay más que acercarse a
los voluminosos libros de abastos de los ayuntamientos navarros
para cerciorarse de las bruscas oscilaciones de los precios,
principalmente del trigo y el pan, de un día para otro
e incluso a lo largo de una misma jornada. La inestabilidad de
las cotizaciones de los artículos de primera necesidad
ha sido una de las grandes constantes de la Historia, que no
hacen sino desvelar las deficiencias estructurales inherentes
a este tipo de mercados.
En buena lógica, en un
mercado integrado la carestía de un artículo se
suple con su reposición mediante la importación,
algo que no siempre sucedió en el pasado. A la precaria
y escasa red viaria, se unían las condiciones de unos
medios de transporte lentos e ineficientes. Hasta la llegada
del ferrocarril a fines del siglo XIX, el arriero, la caballería
y el carro fueron los protagonistas del acarreo del grano, una
mercancía ya de por sí especialmente voluminosa
y pesada. El transporte era lento, costoso y hasta incierto,
ya que el mal estado de los caminos, por no decir los salteadores,
impedían muchas veces que el grano llegase a su destino.
No era fácil conectar los centros de producción
con los de consumo, y cuando se hacía había que
añadir altos costes adicionales, por comisiones, acarreo
y otros gastos. Si ya de por sí era difícil asegurar
un mendrugo de pan a buen precio, en tiempos de crisis de subsistencia
el precio alto dejaba a muchos consumidores fuera de su consumo.
¿Qué hacer cuando el pan cotizaba alto y el hambre
apretaba más que nunca? ¿Cuál era la respuesta
de la autoridad política competente? ¿Cuál
la actuación de los gobernantes hacia sus gobernados?
II. Precio de mercado versus
precio político
Del punto anterior ha
quedado claro que una cosa es la demanda y otra bien distinta
las necesidades. En una economía de mercado, para que
las necesidades alimenticias se conviertan en demanda se requiere
de una cierta capacidad adquisitiva, eso que Amartya Sen nominó
como las "titularidades al alimento", es decir, la
disponibilidad de una persona o grupo para saciar sus apetencias
a través del dinero, venta de la fuerza de trabajo o,
por ejemplo, el intercambio de otros bienes. Pero es que además
hay otra máxima irrefutable: el precio de las cosas será
el resultado de un equilibrio entre la oferta y la demanda. Si
la oferta es elevada el precio bajará, si la oferta disminuye
el precio aumentará; si la demanda aumenta el precio subirá,
si la demanda disminuye el costo de las cosas descenderá.
Dicho de otro modo, el precio se convierte en un mecanismo redistribuidor
de los recursos y así el reparto del alimento tiene lugar
a través de estas variaciones de precios. Ahora bien,
qué es lo que sucede cuando lo que se plantea es el acopio
de alimentos básicos, de demanda rígida, indispensables
para la supervivencia misma. Qué es lo que pasa cuando
la oferta no es suficiente para cubrir la demanda, y los precios
se disparan hasta tal punto que una parte de la población
queda privada de su consumo, teniendo claro, eso siempre, que
el hambre y las ganas de comer no entienden ni de precios, ni
de ofertas ni de demandas.
Ya desde la Navarra medieval,
el acopio de alimentos se convirtió en una cuestión
política de primer orden. Las autoridades velaron por
el abastecimiento del Reino e impidieron regularmente que la
población quedase al albur del hambre. Desde entonces,
y hasta el siglo XIX, se conservó un tipo de economía
política fuertemente intervencionista en el mercado de
los abastos, al compás del mercantilismo hegemónico
en la Europa de entonces. El cometido de este paternalismo no
será otro que el de asegurar el equilibrio entre la oferta
y demanda alimenticia a buenos precios, a través de estrategias
varias como la fundación de vínculos o pósitos
de trigo para garantizar las reservas de grano, la fabricación
de pan en tahonas municipales o la regulación de los precios
a través de las llamadas tasas o precios máximos.
La previsión era el mejor remedio para combatir la incertidumbre
de las cosechas y, sólo así, el precio de los alimentos
podía quedar sujeto a la vigilancia y control de la autoridad.
El precio que saliese al mercado, fruto de esa intervención,
era un "precio político" que se ajustaba, en
principio, a los bolsillos de los consumidores. De ahí
que se le conociera como precio justo o justiprecio,
ya que beneficiaba al consumidor, a la vez contemplaba una ganancia
proporcional al vendedor.
Este modelo mercantilista se
mantuvo en Europa, también en Navarra, hasta las décadas
bisagras de los siglos XVIII y XIX. Para entonces, la pujante
burguesía había apostado por un tipo de economía
ajena a toda injerencia del poder político, plenamente
liberalizada y regida única y exclusivamente por un "orden
natural". El mercado intervenido debía dar paso al
libre mercado, ya que el capitalismo debía desarrollarse
según el fundamento del "dejar hacer". Nada
debía oponerse al funcionamiento espontáneo y natural
de la economía, ni siquiera cuestiones tan delicadas como
los abastos urbanos. Precisamente, buena parte del debate económico
y, a la postre, político se planteó en el terreno
de los precios. La pregunta era obligada: quién debía
fijar el valor de las cosas, si la autoridad, como había
hecho hasta entonces, o las fuerzas del mercado. Según
los mentores de la nueva economía política, tan
liberal como contraria a la vieja praxis intervencionista, el
precio debía estar sujeto a la ley natural de la oferta
y la demanda. Ambas variables encuentran siempre su equilibrio
materializado en un valor, en el llamado precio de mercado.
En consecuencia, la nueva lógica imponía, como
así sucedió, la desaparición de los vínculos,
de los monopolios, de los gremios o el final de la regulación
artificial de los precios, es decir, de todo aquello que se había
opuesto hasta entonces al funcionamiento espontáneo de
la economía. Cada productor o vendedor en busca de su
interés personal lograría implícitamente
el beneficio social. El individuo se antepone a la comunidad,
según el nuevo credo liberal, y la satisfacción
de la colectividad pasaría primeramente por la satisfacción
del individuo. La mano visible, como preconizase Adam Smith,
debía acabar con la mano visible y previsible de la autoridad
pública. En busca de su interés, el vendedor acudiría
a la plaza a vender sus productos y competiría con otros
vendedores; de esta competencia surgiría el abaratamiento
de los precios, además de la mejora de la calidad de producto.
Así, el oferente, incrementando sus ventas y ganancias,
lograría beneficiar al consumidor en calidad y en precio.
Qué razón de ser tenía en esta nueva lógica
económica el rancio intervencionismo de siempre.
Sin embargo, las buenas intenciones
del liberalismo económico quedaron en papel mojado en
cada una de las crisis de subsistencias que jalonaron el siglo
XIX y parte del XX. La mano invisible se mostraba incapaz de
asegurar la certeza alimenticia de una población amenazada
por la carestía, los precios altos y el hambre. La crisis
de 1857, por ejemplo, puso en evidencia en Navarra la incapacidad
del liberalismo para garantizar los niveles de aprovisionamiento
de granos, al mismo tiempo que sirvió para destapar el
tarro de las esencias de aquel viejo intervencionismo, en principio,
sepultado. Buena prueba de esto es el grano que trajo de Holanda
el Vínculo de Pamplona, por cierto el único pósito
navarro que resistió a los envites del liberalismo. De
hecho, y a pesar de los decretos liberalizadores, los ayuntamientos
nunca olvidaron al consumidor y siempre velaron por los abastos
en sus respectivos municipios.Sus políticas alimentarias
dieron el giro obligado, tal y como lo exigían los preceptos
liberales, pero a decir verdad nunca desaparecieron. Había
que respetar los principios sagrados del liberalismo, salvaguardando
la libertad de mercado y evitando la imposición de precios
máximos, pero eso no impedía que en tiempos de
carestías los ayuntamientos comprasen sus partidas de
granos y vendiesen su pan a precios políticos. La cuestión
era seguir dispensando la sombra sobre el consumidor urbano a
través del acopio de grano, la fabricación y venta
del pan. Cualquier cosa por garantizar la certidumbre alimenticia.
Implícitamente, la compra de trigo favorecía el
abaratamiento de los precios ante el aumento de las reservas
frumentarias. No era, por ende, necesaria una intervención
en el precio como se había hecho hasta entonces.
En cuanto a la demanda, los ayuntamientos
tomaron también medidas para asegurar que el alimento
llegase hasta los consumidores, sus consumidores. Habrá
en primer lugar un control numérico de la demanda, a través
de la formación de censos. Había que impedir que
el pan quedase en manos de forasteros que lo pudieran sacar para
su venta en otros municipios o de especuladores que pudieran
entrar en el prohibido juego de las reventas. Puesto el pan municipal
en circulación, había que hacer hasta lo imposible
para que fuese consumido únicamente dentro del municipio.
Es así como las ciudades y pueblos navarros se convirtieron
en islas de abundancia artificial, ya que si bien había
pan para unos, los de casa, quedaba prohibido para otros, los
de fuera. Aumentando la oferta, regulando la demanda, no por
precio sino por número, el alimento básico podía
llegar a todos los hogares. Esta fue la nueva lógica imperante.
Para terminar, no hace falta
insistir que la libertad de mercado y el mercado intervenido
fueron anverso y reverso de la misma moneda. Una contradicción
que se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XX, en que se
recrudeció el intervencionismo público, esta vez,
procedente del gobierno central. En todas las provincias, y por
decreto real, se crearon las Juntas Provinciales de Subsistencias
presididas, no ya por alcaldes, sino por gobernadores civiles,
a la postre representantes directos del gobierno. Estas juntas
se encargaron de imponer de nuevo tasas a los artículos
de primera necesidad, de controlar las reservas alimenticias
y de velar por cuestiones relativas a los abastos como el fraude
o la salubridad de los alimentos. La fuerte presión obrera,
especialmente sensible a las fluctuaciones de los precios, provocó
el retorno a las prácticas intervencionistas de siempre.
No en vano, garantizar la certidumbre alimenticia a la población
fue siempre un eficaz recurso para evitar, o cuando menos menguar,
conflictos sociales. En el fondo, el control político
sobre el abasto fue el precio que la autoridad tuvo que pagar
por preservar la tranquilidad pública.
Carlos
Sola Ayape es Doctor
en Historia por la Universidad Pública de Navarra
y en la actualidad profesor universitario de "Historia Mundial
Contemporánea" y "Valores Socioculturales en
el Mundo" en el Departamento de Humanidades y Derecho del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(Campus Ciudad de México).
Es además:
Premio de Investigación Histórica "Los
Sitios de Zaragoza" (año 1988),
Premio Extraordinario de Licenciatura (año 1991)
y
Premio de Investigación "Enrique de Albret"
(años 1998
y 1999). |
Carlos Sola Ayape,
Doctor en Historia |
