Al hacer una valoración sobre los litigios que se han presentado ante los tribunales durante estos dos últimos años en relación con la proclamación de la oficialidad de nuestra lengua, siento la necesidad de decir que han sido muy importantes.

Precisamente este año se cumplirán veinte años desde la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía del País Vasco (Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre). Este texto dice en su artículo 35:
"El nombramiento de los Magistrados, Jueces y Secretarios se efectuará en la forma prevista en las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial, siendo mérito preferente el conocimiento del Derecho Foral Vasco y el del euskera, sin que pueda establecerse excepción alguna por razón de naturaleza o de vecindad".

Más tardía, la Ley Básica para la Normalización del Uso del Euskara recoge en su artículo 9.1:
"En las relaciones con la Justicia, todos los ciudadanos podrán emplear la lengua oficial que escojan, sin que se les pueda pedir ninguna traducción". Tras lo cual el Gobierno Vasco contrató traductores con el propósito de aligerar la carga a los jueces.

A pesar de que las leyes sean leyes y ante la imposibilidad de los poderes de nuestra Comunidad, dado el extraño comportamiento y la ausencia de voluntad o dejadez, esta ley no se ha cumplido nunca, a pesar de que continúe estando en vigor.

Por otro lado, y como contrapunto, los abogados y la sociedad en general hemos recibido hace poco a través de la prensa una esperada mala noticia; la Comisión de Gobierno del Tribunal de Justicia del País Vasco y algunos otros jueces y magistrados han sancionado a ocho abogados que actuaron en defensa de sus clientes ante el juzgado sin traducción del euskara con una multa de casi 2.000.000 ptas., y todo eso por desear la oficialidad de nuestra lengua (precisamente lo que es legal).

La Comisión de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sostiene cómo el Tribunal Constitucional de España decía en aquel significativo auto dictado el 1 de octubre de 1997 que el hecho de querer emplear el euskara en la Administración de Justicia evidencia la carencia del euskara en lo que al contenido constitucional se refiere. Ni la Constitución ni las leyes actuales garantizan la cooficialidad lingüística en la Administración de Justicia. Para entender correctamente esta oración hay que decir que el Poder Judicial de España no ha podido regular (no vamos a profundizar en las causas en este escrito) el antes mencionado artículo 35 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. De modo que, tal como dice un refrán, usteak erdia ustel ("la mitad de toda suposición es vana") (que es lo que nos ha sucedido), y la otra mitad necesita de la traducción.

Como si lo indicado no bastara para garantizar su inocencia, el auto del Tribunal Constitucional sostiene que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos expresa que los acusados tienen derecho a un intérprete en el caso de no dominar bien la lengua del Tribunal que ha de juzgarlos. Aceptar la oficialidad del euskara no es una osadía cualquiera, y, por si fuera poco, nos dan a los vascos el mismo tratamiento que a los extranjeros, poniéndonos en nuestra casa a un traductor al lado.

Siendo así las cosas, el principio de legalidad - el respeto que se les debe a las leyes, vaya- ha llevado a los jueces a castigarnos, diciendo que si en aquel juicio se hubieran abstenido de dar justicia por no saber euskara, los propios jueces se encontrarían ante una responsabilidad disciplinaria. Parece ser que esa abstención constituye un grave delito contra la Constitución, y los pilares del Estado de Derecho quedarían a punto de tambalearse. Los tribunales no pueden dictar o crear nuevas leyes por su cuenta, y como mucho pueden interpretar las leyes existentes valiéndose de su nata sabiduría, de los derechos individuales, de los principios, de la lógica y la hermenéutica, creando la jurisprudencia que le corresponde. Nosotros no negaremos que el trabajo sea difícil, y más aún cuando en las vidas de los funcionarios nacionales se entremezclan la profesión, la familia, el sueldo y los viajes forzosos. Este problema, tratando de entenderlo correctamente, se basa en su opinión en la insoportable dificultad para aprender el euskara. Los jueces, a pesar de estar considerados en general como gente inteligente, no tienen tiempo para estudiar nuevas lenguas, y, claro, prefieren castigar a estos abogados en lugar de pensar en sus obligaciones. Y es que a pesar de que la mayoría consideremos la Administración de Justicia como un "servicio público", no debemos olvidar que se trata del tercer poder del Estado, y, por lo tanto, no se olvide que el Poder Judicial interpreta todas las restantes normas y leyes. Y ha de quedar claro que a nadie le gusta colocarse la soga a su propio cuello.

Dicho de otro modo, según sus palabras no cabe duda de que nuestra protesta se fundamenta en razonamientos políticos, y no fundamentos de naturaleza jurídica. De todos modos, y mientras cada uno sacude sus interpretaciones y fantasmas, a este grupo de abogados mencionados al principio se les han embargado sus cuentas corrientes y bienes para poder hacer frente a las multas impuestas por unos magistrados.

No obstante, hemos de decir, y sin perder la esperanza, que el actual Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, las Comisiones de Euskara de los Colegios de Abogados y varios jueces estamos trabajando en la silenciosa tarea diaria preparando formularios, presentando cada vez más demandas exclusivamente en euskara, haciendo presión y propuestas al Poder Judicial, exigiendo circuitos vascos para los juzgados, azuzando a la Fiscalía para que las cosas cambien a mejor. Así, según las últimas noticias, hace unos días el Consejo del Poder Judicial ha aceptado por primera vez que reconocerá como mérito el conocimiento del euskara y del Derecho foral para ser nombrado juez suplente de la Comunidad Vasca. Para ello, ha obligado a la Comisión de Estudio del Poder Judicial a que señale qué nivel de conocimiento del euskara han de tener los jueces para que sea admitido como mérito.

Mientras termino estas líneas me acaba de llegar una nueva noticia (del 14 de junio), según la cual el Pleno del Poder Judicial reunido en Santiago de Compostela ha decidido que los nuevos jueces bilingües o plurilingües que salgan de ahora en adelante de las Escuelas Judiciales gozarán de preferencia a la hora de elegir su destino. No podemos negar que es una agradable característica de una nueva situación.

En resumidas cuentas, a nuestro parecer el problema no se va a solucionar mientras no les exija a todos los jueces, secretarios y funcionarios un digno nivel de conocimiento de la lengua. Dicho todo lo cual, veinte años y para luego esto.