En Euskal Herria no tenemos estudios fehacientes sobre la influencia real de los medios de información en el conflicto. Sabemos que, como en todo el mundo, contribuyen a generar estados de opinión sobre las diversas cuestiones e incluso una forma de ver la realidad que nos circunda. Sin embargo, también tenemos pruebas palpables de que no siempre consiguen imponer su opinión. La última se produjo en las elecciones autonómicas de la CAV del 25 de octubre de 1998. Mientras los medios que acaparan más del 75% de la audiencia, tanto en prensa como en radio y televisión, se manifestaron abiertamente en contra del Acuerdo de Lizarra-Garazi, los partidos que lo suscribieron obtuvieron más del 60% de los votos. La explicación, según algunos estudiosos de la materia como el profesor de la UPV Txema Ramírez de la Piscina, se debe a que los ciudadanos tienen una recepción epidérmica del mensaje de los medios y a que la elección de uno u otro para informarse no siempre se debe a factores de identificación ideológica.

En cualquier caso, es evidente que los medios sí que tienen una influencia en el conflicto, que no siempre se debe medir en su influencia sobre la ciudadanía, sino que también puede cuantificarse en su capacidad de incidir en las decisiones de gobiernos, instituciones o partidos. Por ejemplo, la primera posibilidad de acuerdo en el caso de la Autovía de Leitzaran se malogró porque pilló a contrapié a determinados medios que se habían convertido en ariete de la alternativa institucional. Fue necesario un tiempo para que las posiciones se fueran corrigiendo y asentando.

También en el campo de los medios de comunicación, el conflicto básico en Euskal Herria es el que se da entre quienes defienden que los ciudadanos vascos deben decidir libremente su futuro y quienes tratan de impedirlo, hoy como defensores del actual marco constitucional y ayer como valuarte del franquismo. Durante algunos años este conflicto básico ha estado oculto por la dicotomía entre los autodenominados demócratas y los llamados violentos. Sin embargo, desde la firma del Acuerdo de Lizarra-Garazi y la posterior declaración del alto el fuego unilateral e indefinido por parte de ETA, el conflicto básico ha vuelto a resurgir con mayor virulencia que nunca en los últimos años. Fueron los medios nacionalistas españoles los primeros en calibrar el cambio que se había producido en el escenario político vasco y comenzaron a atacar con dureza a las fuerzas políticas, sociales y sindicales que consideraban se habían «cambiado de bando».

Los medios nacionalistas españoles siempre han tratado el conflicto de Euskal Herria con mentalidad de «guerra», lo que significa que en muchas ocasiones la información es sustituida por propaganda, se magnifican hechos intrascendentes, se ocultan otros, se llegan a inventar situaciones que no se han producido, se conculcan derechos elementales de las personas, se aceptan sin contrastar intoxicaciones procedentes de fuentes gubernamentales e incluso se miente descaradamente. Y si antes estas armas se utilizaban principalmente contra la izquierda abertzale, desde el Acuerdo de Lizarra-Garazi se ha extendido a todos sus firmantes. Habrá quién piense que esto supone una visión apocalíptica y tendenciosa de la realidad informativa, pero que no dude que, tan sólo repasando lo que se ha dicho y escrito en los últimos seis meses, se podrían ofrecer varios ejemplos de cada uno de los males relatados. Y también podríamos apostar que no encontrarán igual proporción en los medios nacionalistas vascos.

La mejor aportación que pueden hacer los medios a la superación del conflicto por medios democráticos es, sin duda, la rectificación de prácticas que atentan contra la deontología profesional o, dicho de una manera más exacta, contra los principios básicos del periodismo. El pasado 13 de marzo, convocados por el Instituto Manu Robles Arangiz y la Fundación Ipar Hegoa, un nutrido grupo de periodistas y profesores universitarios participaran en una jornada de debate y reflexión sobre esta materia. En el acto se presentó un decálogo que debiera regir la actuación de los profesionales de la información y las empresas para las que trabajan. El documento parte de la necesidad de que -por obvio que parezca- el límite de la verdad sea el primer compromiso periodístico. Se subraya, además, el respeto al destinatario individual de la noticia; la necesidad de que el periodista no entre en connivencia ni se deje influir por los poderes públicos y económicos; la defensa de la contextualización de los hechos y los análisis profundos. El decálogo aboga por la utilización de medios éticos para la obtención de informaciones; el especial cuidado con el tratamiento a todas las víctimas de la violencia; la salvaguarda del derecho de toda la ciudadanía a su intimidad y a su imagen personal, sobre todo en el caso de las personas más desprotegidas. Por último, propugna el trabajo directo en contacto con la sociedad, destaca el papel ejemplarizante que deben aportar los medios públicos respecto al resto; y evidencia el carácter positivo que tendrían las reuniones, incluso institucionalizadas, entre los profesionales del periodismo para favorecer el debate entre ellos.

Sin embargo, este tipo de trabajos bienintencionados suelen chocar después con la práctica diaria. Incluso en el caso de que el decálogo fuera firmado por representantes de todos los medios informativos, cabe suponer que la actual situación no variaría de manera sustancial, puesto que si hiciéramos una encuesta en estos momentos, la mayoría de ellos responderían que el periódico, radio o televisión a la que representan ya cumple rigurosamente con estos principios. Por ello, para avanzar por este camino sería necesario contar con algún elemento fiscalizador que fuera debidamente reconocido en esta por los propios medios. Se ha apuntado la posibilidad de crear un Observatorio dedicado a esta tarea. Sin duda, sería un elemento interesante, siempre que contara con capacidad de establecer algún tipo de castigo sobre el medio que transgrediera los principios consensuados entre todos.

Mientras tanto ya existe una especie de Observatorio de este tipo aunque actúa de una manera imperfecta: es el público, el consumidor de estos productos. Actúa de manera imperfecta porque sobre él ejercen una indudable presión elementos que le son ajenos como la falta de recursos económicos o de tradición para comprar un periódico distinto al habitual de la familia, el control administrativo de la concesión de licencias de FM que limita el número de emisoras y ejerce en algunos casos una indisimulada censura, y el control estatal de las emisoras de televisión. A todo ello deben sumarse el hecho de que algunas de las grandes empresas informativas se hicieron con el control de importantes cuotas de mercado al calor de una situación antidemocrática.

Por ello, la labor del público debe ser estimulada por una tarea constante y sistemática de crítica y de denuncia de las actuaciones que se consideran atentatorias contra los más elementales principios del periodismo. Y esa es una tarea que atañe al conjunto de la sociedad, pero especialmente a aquellas personas que tienen la posibilidad de hacer llegar sus mensajes a otros ciudadanos. Ellos y ellas deben contribuir a crear en la población una visión crítica de los medios informativos que les permita distinguir el grano de la paja, cribar la información de la opinión o la especulación, y descubrir a los lobos vestidos de corderos.